Colonos del Arco y Vista Alegre denuncian nuevas presuntas corruptelas.
Mérida, Yucatán, 21 de junio de 2019.- Se suma un caso más de presuntos abusos en el Tribunal Agrario Unidad 34, donde se encuentra el magistrado Luis Betancourt Sánchez.
Esta mañana, colonos del Arco y Vista Alegre se sumaron a la manifestación -que desde el pasado lunes realizan ejidatarios de distintos municipios- pues denuncian sufrir atropellos a su propiedad privada por parte de la licenciada Rebeca Buenfil Méndez.
Russel Santos Morales, representante de los colonos, explicó que desde 2017 la licenciada se apersonó para informarles que se debían presentar en el Tribunal Agrario, ya que estaban instalados en tierras ejidales.
Detalló que en ese momento también les dio la alternativa de llegar a un acuerdo, por lo que cada familia debería pagar entre 200 y 400 pesos por metro cuadrado que ocupen, es decir, entre 80 y 100 mil pesos por casa.
«Después de tener la posesión de nuestras casas por más de 43 años, con títulos de propiedad registrados, con todos los impuestos pagados y cumpliendo año tras año, no puede ser que después de todo este tiempo ni los bancos, las instituciones o pequeños constructores que ayudaron a la construcción de estas casas no se haya dado cuenta que era terreno ejidal».
Santos Morales precisó que a la fecha no les han demostrado que están en terrenos del ejido, explicó que «se hizo una prueba pericial, mal realizada por el perito Adán Moreno Melo. El se basó en un plano de expropiación, cuando la indicación era hacerla sobre la carpeta básica, es decir, el plano de dotación»
A esto, dijo, se suma que el estudio pericial se hizo de manera irregular entre el perito y la abogada Rebeca Buenfil, y pese a presentar las pruebas de irregularidad, el magistrado Betancourt las rechazó.
«Tenemos fotos y videos de las irregularidades cometidas, se las trajimos al magistrado, el mismo por el que los ejidatarios se están viendo afectados y el dijo que no eran válidas, las desechó».
Afirmó que ya existe un falló en su contra. Sin embargo, seguirán peleando pues están seguros de ser objeto de abusos.
Como prueba de ello mencionó: «¿cómo puede ser posible que la zona se haya fundado en 1975 y hagan un estudio con un mapa de 1990 que dice que no hay asentamientos humanos? Están muy mal».
Entre otro de los ejemplos de irregularidades está el caso de un señor de 93 años, que hace 15 días puso su terreno y de inmediato le llegó una medida precautoria para que no pueda hacer ningun trámite.
Finalmente, señaló que tuvieron acercamiento con el magistrado Regino Villanueva, del Tribunal Superior Agrario, quién les dijo revisaran su caso.
Karen Clemente.