Algún político avezado decía que una cosa es «ahorrar y evitar la corrupción» y otra cosa diferente es «pichicatear» los recursos necesarios para operar de manera eficiente y este parece ser el serio problema que están enfrentando oficinas públicas federales de Yucatán, en donde los recortes presupuestales han dejado prácticamente sin personal para operar lo más indispensable.
Casos concretos los de las oficinas de CONAFOR, en donde entró la «barredora» una vez que terminó la temporada de incendios, pero para el próximo año no se sabe quién se haría cargo de esa labor.
Lo mismo está ocurriendo en el Instituto Nacional Indigenista (INI), en la Procuraduría Agraria y en el mismo Registro Agrario Nacional (RAN). En la mayoría de las oficinas ya no existen los «delegados», sino más bien encargados, muchos de ellos foráneos que traen directrices totalmente centralizadas desde la Ciudad de México.
El mismo delegado de Programas de Desarrollo Social del gobierno Federal en Yucatán, Joaquín Díaz Mena, no tiene injerencia en estos casos, todo está como «en los viejos tiempos»… centralizado.