Este día el Magistrado presidente rindió su informe de actividades del año 2016 a través de Internet y redes sociales
Mérida, Yucatán, 7 de julio de 2017.- Durante su informe de actividades del Poder Judicial correspondiente al año 2016 –que fue transmitido a través de Internet y redes sociales como medida de austeridad-, el Magistrado Presidente Marcos Celis Quintal dijo que esa institución actualmente trabaja de manera más ágil, aprovechando al máximo las capacidades materiales y humanas con las que cuenta debido a las reformas ya consolidadas y otras en vías de consolidarse.
“Hoy los juzgadores, resuelven de manera libre, sin presiones, con conocimientos, convicción y experiencia. Quienes tenemos la responsabilidad de impartir justicia, no buscamos reconocimiento público”, Señaló Celis.
Asimismo, indicó que a lo largo del año pasado, en el Poder Judicial del Estado de Yucatán se iniciaron 27 mil 661 asuntos, de los cuales 26 mil 605 fueron resueltos, por lo que el índice global de productividad fue de 96.18%. “Esto es un indicador claro que nos encontramos trabajando en un estado cercano al óptimo”.
“Nuestra principal actividad es la impartición de justicia. Hoy en el Poder Judicial del Estado, realizamos un gran esfuerzo por acortar los tiempos procesales, lo que se traduce en estadísticas y números que aunque no son la parte que nos define, al medir los resultados, podemos estar seguros que vamos por el camino correcto”, explicó el Magistrado Presidente.
Celis Quintal indicó que para los servidores públicos y litigantes que laboran ene el Poder judicial es necesaria la continua actualización y profesionalización, por lo que durante el 2016 se llevaron a cabo 29 programas de capacitación, en la modalidad de 22 cursos, 2 talleres, 2 seminarios, 2 conferencias y un diplomado, con un total de 790 horas con más de 1,900 participantes.
Sobre el presupuesto ejercido, se informó que el recurso aprobado por el Congreso, fue de 501 millones 071 mil 621 pesos -8.9 por ciento más que en 2015-, mismo que fue distribuido de la siguiente forma: al Tribunal Superior de Justicia, le correspondieron 127 millones 380 mil 215 pesos; al Consejo de la Judicatura, 334 millones 794 mil 133 pesos; al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, 28 millones 810 mil 449 pesos; y al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, 10 millones 086 mil 824 pesos.
En ese sentido, cabe mencionar que el informe de actividades del Poder Judicial realizado este día se difundió a través del sitio wwww.poderjudicialyucatan.gob.mx, y en redes sociales como parte de las medidas de austeridad que han sido adoptadas por el Gobierno del Estado y otros organismos.
Se recordó que el pasado 2 de mayo de 2016, fue publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el Decreto por el que se emitió la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, la cual fue armonizada a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Con base a esta normatividad el Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Consejo de la Judicatura son sujetos obligados, en consecuencia las áreas administrativas y jurisdiccionales que integran el Poder Judicial del Estado de Yucatán, están transitando hacia la implementación de nuevos procedimientos organizacionales de manera simultánea, a efecto de estar en aptitud de cumplir con lo estipulado por la Ley.
En ese sentido, Celis Quintal puntualizó que durante el año pasado se recibieron 445 solicitudes de acceso a la información en el Poder Judicial del Estado de Yucatán y fueron resueltas 452 en virtud que 7 solicitudes corresponden a resoluciones que habían quedado en trámite a finales de 2015, quedando ninguna solicitud pendiente de resolver.
Se precisó que del total de solicitudes atendidas, se otorgó el acceso en 246 ocasiones, se reservó en 9, se entregó la versión pública en 4, se declinó la competencia en 124, se determinó improcedente en 24, se declaró la inexistencia en 4 solicitudes, se otorgó parcialmente en 1 y se tuvo por no presentada en 40.
El Magistrado Presidente destacó las acciones que el instituto a su cargo a tomado para contribuir a la erradicación de la discriminación de las mujeres y velar por sus derechos humanos, las cuales se dividen en tres vertientes: al interior del Poder Judicial; emitir sentencias con perspectiva de género y, la coordinación con autoridades para construir e impulsar una agenda común.
Explicó que al interior de la Institución, se han adoptado medidas institucionales para combinar la vida laboral y familiar, por lo que se han aprobado licencias de paternidad y se han ampliado a 4 meses las licencias de maternidad, entre otras muchas acciones.
Asimismo, dijo que juzgar con perspectiva es una realidad, en ese sentido durante el año 2016, se otorgaron un total de 327 órdenes de protección a favor de las mujeres que son víctimas de violencia.
De la misma forma, Celis Quintal resaltó que en el Poder Judicial “contamos con igualdad entre hombres y mujeres en su composición” pues existe paridad en las adscripciones en la titularidad de los órganos jurisdiccionales y administrativos. En el caso de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia el 45% son mujeres y el 55% son hombres.
Con lo que respecta a los juzgadores de primera instancia 68% son mujeres y 32% son hombres y, del personal de Poder Judicial el 57% son mujeres y el 43% son hombres.
“De estos datos es posible afirmar que los puestos de mayor jerarquía evidencian una igualdad de género en el acceso a puestos de relevancia”, declaró.
“Sin duda este año ha sido de mucho trabajo, así lo demuestran los índices de productividad en cada una de las Salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado y de los Juzgados de Primera Instancia”, dijo Celis Quintal.
Según el Magistrado Presidente hoy se cuenta con una institución mucho más sólida, cercana, inclusiva, que actúa con pleno respeto a los derechos humanos. La oralidad ha sido y sigue siendo una vía de acceso a la justicia más eficiente y ágil.
Dijo que uno de los principales retos que ahora enfrenta el Poder Judicial es la necesidad de consolidar los sistemas de justicia oral penal y familiar, así como avanzar en la modernización administrativa y hacer aún más eficiente el uso de los recursos públicos.
“Vamos por buen camino y los resultados nos alientan a redoblar esfuerzos para que el servicio que prestamos esté a la altura de la justicia que Yucatán espera y merece”, finalizó.