Debido a denuncias ciudadanas
Mérida, Yucatán, 26 de septiembre de 2016.- En atención a denuncias ciudadanas presentadas por la presencia de basura, malos olores, saturación de tráfico vehicular, entre otras, personal de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida acudió los días jueves 15 y el lunes 19 pasados a un predio del Fraccionamiento Montebello en donde se encontraban diversos remolques de venta de alimentos que funcionaban de manera irregular.
El director de la dependencia municipal, Aref Karam Espósitos informó que durante ambas inspecciones se exhortó a los propietarios a iniciar los trámites respectivos para regularizar su actividad, como obtener licencias de uso de suelo y funcionamiento.
El funcionario informó que el pasado viernes 23 se realizó una nueva visita de inspección y se detectó que no tienen baños, ni áreas de estacionamiento y tampoco cuentan con contrato para la recolección de basura, motivos por los cuales se recibieron las quejas vecinales.
También se encontraron cables y extensiones expuestas por el piso y amarradas en las ramas de lo árboles lo que representa un potencial peligro para los comensales y la población de la zona, debido a la concentración de tanques de gas que se utilizan en dicha actividad.
Karam Espósitos aclaró que la dependencia está a favor del autoempleo y la creación de nuevas fuentes de trabajo, por ello, exhortó a los propietarios a regularizar su situación para no caer en una situación de competencia desleal.
Agregó que si los propietarios ya están dados de alta en el Sistema de Administración Tributaria, (SAT) pueden usar la firma electrónica para el trámite de Licencias de Uso de Suelo y de Funcionamiento Municipal, en el sitio http://www.merida.gob.mx /cae/php/firmaelectronica.phpx de la página del Ayuntamiento .
Por último, señaló que esa medida cautelar fue impuesta de conformidad con el Artículo 110, fracciones II y IV del Reglamento de Actos y Procedimientos del Municipio de Mérida, que tienen por objeto proteger la salud, la seguridad pública y el cumplimiento de la normatividad referente a actividades reguladas que requieran de concesión, licencia, permiso, autorización o aviso, así como las establecidas en los ordenamientos legales o reglamentarios para preservar la integridad de las personas o de sus bienes, la seguridad pública y la salud de la población.