Para reparar el daño el imputado tendría que pagar cerca de 2 millones y medio de pesos a los familiares de los fallecidos en un hecho de tránsito.
Mérida, Yucatán, 23 de enero de 2014.- En una audiencia oral realizada esta mañana en el centro de justicia de Kanasín, el juez Luis Mugarte Guerrero determinó suspender el proceso para que las partes de un caso de homicidio culposo busquen un arreglo.
En su determinación el juez estableció un plazo máximo de 30 días hábiles para que, a través de un facilitador del Centro Estatal de Solución de Controversias del Poder Judicial, las partes inicien pláticas y puedan eventualmente resolver el conflicto mediante un acuerdo reparatorio, lo que evitaría llegar a un juicio, en caso contrario el proceso seguiría su marcha normal.
Esta audiencia, solicitada por la Fiscalía, se refiere a un hecho de tránsito que ocurrió el día 31 de octubre de 2013 en la carretera Mérida-Acanceh, y en el que estuvieron involucrados el imputado, quien conducía una camioneta de la empresa Kekén y un vehículo particular en el que viajaban un padre y su hijo, quienes resultaron muertos.
El juez informó en la audiencia los diferentes recursos legales que la ley prevé para que las partes encuentren una salida alterna, entre estos mencionó y detalló el acuerdo reparatorio, el procedimiento abreviado y la suspensión condicional del proceso, todo previstos en la ley y que son realizados por voluntad expresa de las partes. Señaló que en todos los casos se privilegia la reparación del daño a la víctima.
Entre otras cosas el juez estableció en la audiencia que el pago por concepto de reparación el daño por el hecho culposo imputado al chofer en una sentencia condenatoria sería de $2,455,200.00 M.N.
En la audiencia estuvo presente como víctima indirecta la esposa y madre de los fallecidos, y por el lado del imputado él mismo y un representante de la empresa «Comercializadora Porcícola Mexicana», propietaria de la camioneta responsable del choque, así como sus respectivos abogados.
Las salidas alternas a juicio están previstas en las leyes vigentes y buscan que las víctimas de los delitos reciban la reparación del daño correspondiente y los responsables la pena correspondiente, con el menor tiempo y costo posible, para las partes, pero con la transparencia y certeza que caracteriza al sistema acusatorio y oral.