Asociaciones civiles denuncian incumplimientos en las instituciones y situaciones graves de violencia hacia las yucatecas
Mérida, Yucatán, 24 de junio de 2017.- El día de ayer organizaciones yucatecas de la sociedad civil solicitaron que se decrete la Alerta de Violencia de Género ante el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) de la Secretaría de Gobierno (SEGOB), esto debido al aumento de casos de violencia contra las mujeres en Yucatán.
En rueda de prensa, miembros de las organizaciones “Ni una más A.C.”, “Yucatán Feminicida”,“Kookay A.C. Ciencia Social Alternativa”, “Centro de Apoyo Solidario Documentación CASDE A.C.”, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, así como académicos, anunciaron que dicha solicitud fue realizada horas antes del asesinato de J.E.C.B., de 26 años, perpetrado en el centro comercial Plaza Fiesta.
Esto debido a los crecientes casos de abuso y violencia contra el sector femenino de la población, según expresó Nancy Walker, representante de “Kookay A.C.”, quien explicó que de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), realizada en el 2011, Yucatán ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en casos de violencia hacia mujeres casadas o unidas: 47 de cada 100 féminas son víctimas de violencia por parte de sus parejas. El 28.5% fueron casos de violencia física y 11.2% de violencia sexual.
Asimismo, dijo que con base en datos proporcionados por dependencias de salud, ocurre alrededor de 1 violación sexual al día en la entidad. Añadió que según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública del 2015, 91.7% de los delitos cometidos contra las mujeres no son denunciados, y el 21% de los denunciados no son investigados.
Reiteró que del 2008 al 2017 han ocurrido 63 feminicidios en el estado, de acuerdo a los datos proporcionados con la organización “Yucatán Feminicida”. Señaló que no se tienen datos exactos dado que no existe un organismo encargado de sistematizar la información relacionada con la violencia contra el sector de la sociedad mencionado.
Bertha Elena Munguía, miembro de “CASDE A.C.” subrayó que el “Observatorio de la Violencia Social y de Género” creado entre el 2007 y el 2008 por el Centro de Investigaciones Regionales Biomédica con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) fracasó en su intento de crear una base de datos: “No hay interés ni estatal ni federal en crear una base de datos georeferenciada”.
Acusaron a las diversas dependencias públicas de omisión y violencia institucional en contra de las mujeres, así como de incumplimiento de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia y de las recomendaciones del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer (CEDAW).
“Quien ejerce más la violencia en Yucatán es el Poder Judicial: jueces, magistrados. Le sigue la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (PRODEMEFA), por la omisión total del rescate de niños y niñas que se roba el papá y en algunos casos la mamá”, recalcó Adelaida Salas, representante del O.C.N.F.
Asimismo, señaló a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Instituto para la igualdad entre Mujeres y Hombres (IPIEMH): “Tenemos una inoperancia total y la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia que contempla todo lo que debe de pasar en Yucatán no pasa: no hay nada, no hay programas, no sensibilización, agenda de género”
Añadió que el Poder Legislativo también incumple al dejar de considerar delito grave el abuso sexual.
Nancy Walker agregó que la solicitud de Alerta de Violencia de Género cae “en el contexto electoral”, por lo que las organizaciones civiles esperan “que la ciudadanía esté atenta no a los huesitos que se reparten, ni a las despensas, sino a las acciones que marcan la calidad de vida, dignidad y derechos pera hombres y mujeres”.
SOBRE LA ALERTA DE GÉNERO
Pablo Rojas, coordinador de comunicación de “Yucatán Feminicida”, explicó que la alerta de género es una herramienta jurídica que pretende elevar el nivel de las acciones de los programas que ejerce el Gobierno Estatal frente a la violencia contra las mujeres.
Una vez recibida la solicitud, se integra en aproximadamente dos semanas, un grupo de investigación conformado por personal del INMUJERES, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), académicos de Yucatán y de la Ciudad de México.
Posterior a la conformación del grupo, se realiza una investigación a nivel federal que aborde la situación de violencia contra las mujeres en el estado. Dicha investigación, que incluye recomendaciones en la materia, se hace pública y se envía al Gobernador. El plazo para esta fase es de 30 días hábiles.
El Ejecutivo Estatal tiene 6 meses para cumplir con las sanciones emergentes. Dependiendo de si las realiza o no se podría declarar la Alerta de Violencia de Género en la entidad.
Rojas añadió que actualmente los estados de Campeche y Quintana Roo, que también tienen altos índices de abuso sexual, están en el proceso para declarar la Alerta. (Lilia Balam)