La tortura se intensificó en México, sostiene el organismo; critica la impunidad.
México, 13 de mayo de 2014.- Amnistía Internacional (AI) lanzará este martes un reto al presidente Enrique Peña Nieto, al solicitarle que se comprometa a cumplir a la brevedad nueve acciones específicas en favor de los derechos humanos. También presentará su campaña global contra la tortura y un informe sobre esta práctica en el mundo, donde revela que en México se ha intensificado desde que comenzó la lucha contra el crimen organizado.
El secretario general de AI, Salil Shetty, manifiesta –en una carta dirigida al Ejecutivo mexicano– su preocupación porque el gobierno de Peña Nieto se ha mostrado reacio a asumir compromisos públicos claros sobre derechos humanos.
En febrero pasado, un equipo de AI se reunió con el mandatario federal para manifestar su preocupación por las constantes violaciones a esos derechos en México. En el encuentro, en el que también participaron los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, así como el procurador general de la República, Jesús Murillo, Peña solicitó a la organización internacional que le propusiera acciones concretas en la materia.
En respuesta a esa solicitud, la agrupación global dará a conocer hoy las nueve acciones claves que confían sean traducidas en hechos, como indicó en entrevista Perseo Quiroz, director ejecutivo de AI México.
Algunas acciones planteadas por AI a Peña son: emitir una declaración presidencial donde se haga saber que cualquier funcionario federal que no reporte o investigue una violación a los derechos humanos será enjuiciado con base en las normas internacionales en la materia; hacer pública la base de datos de los 26 mil desaparecidos en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, abolir la figura del arraigo y crear una base de datos donde se registren todas las detenciones.
Otros señalamientos son: garantizar la implementación total del Código de Justicia Militar reformado, a fin de asegurar que todo el personal castrense implicado en violaciones de derechos humanos contra civiles, cometidas en el pasado o en la actualidad, sea investigado y encausado por el sistema de justicia ordinaria.
Propone además revisar los procedimientos para responder a las denuncias de torturas y otros malos tratos e investigarlas de plena conformidad con el Protocolo de Estambul, lo que incluye la reforma de los procedimientos especiales aplicados por la Procuraduría General de la República y otros protocolos; adquirir un compromiso político y económico claro con la implementación de las recomendaciones preliminares del relator especial de Naciones Unidas sobre tortura –que visitó recientemente el país– e instaurar un mecanismo de vigilancia independiente con la sociedad civil para evaluar su cumplimiento.
Vemos con preocupación que no hay un compromiso presidencial claro para atender las violaciones a estos derechos. En la reunión (de febrero) vimos mucha voluntad política, pero no basta con declaraciones y buenas intenciones, se necesitan hechos, subrayó el director de la organización en México.
En su misiva, el secretario general de AI a escala global indica que en reiteradas ocasiones este organismo ha documentado que en México la impunidad está arraigada debido a la ausencia de respuesta de las autoridades a las denuncias de violaciones a esas garantías. Por ello, agrega que si el gobierno de Peña se compromete en serio con los derechos humanos, deberá cambiar radicalmente su respuesta a las denuncias de presuntas víctimas de abusos y violaciones. (La Jornada)