Los principales casos de violación a derechos humanos durante 2016 fue de policías en contra de ciudadanos.
Mérida, Yucatán, 06 de diciembre de 2016.- El ayuntamiento de Tekax ya comenzó a cumplir con las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) tras el caso de tortura efectuado por policías de ese municipio en contra uno de los pobladores, informó el ombudsman, José Enrique Goff Ailloud.
El presidente de la Codhey recordó que emitieron dichas recomendaciones en las que se tratan once puntos, los cuales fueron aceptados por el alcalde de Tekax, Josué Couoh Tzec, y ya dio prueba del cumplimiento de la gran mayoría.
Sin embargo, dijo que faltan algunas recomendaciones por cumplir, pero que se están realizando de manera gradual y paulatinamente, cuestión que la Codhey “ve con buenos ojos”.
El pasado mes de julio, ante la difusión de un video en diversos medios de comunicación en el que se aprecia como agentes policíacos de Tekax torturaban a uno de los pobladores, (F.A.A.B.) la Codhey inició de oficio una queja en contra de esos uniformados.
En noviembre, la Comisión de Derechos Humanos emitió la recomendación 20/2016 al presidente municipal por violación de derechos a la libertad, integridad y seguridad personal, y al trato digno en su modalidad de tortura. Hoy, Goff Ailloud confirmó que el alcalde aceptó y está cumpliendo.
Aunque el ombudsman no precisó cuáles son las recomendaciones que ya se cumplieron, sabemos que las emitidas, por mencionar las más destacadas, son: iniciar los procedimientos correspondientes ante las instancias competentes, en contra de los agentes de la Policía Municipal Carlos Gerardo Briceño Itzá y Benjamín Barrientos Ponce, cuya participación en los hechos se acreditó, al haber transgredido en agravio de los ciudadanos F.A.A.B., F.G.A.G y F.J.L.E. sus derechos a la Libertad, así como a la Propiedad y Posesión en agravio del ciudadano F.J.L.E.
En el mismo punto recomendatorio, se pide iniciar procedimientos en contra de Román Edilberto Montalvo Vega, José Manuel Puch Uc, Rudy Humberto Novelo Tuz y Josué Betuel Dziu Ek, cuya participación en los hechos acreditaron fehacientemente, el haber transgredido en agravio del ciudadano F.A.A.B., sus Derechos a la Integridad y Seguridad Personal y al Trato Digno, en la modalidad de Tortura.
El segundo punto, señala que para procurar esclarecer los hechos de tortura, el ayuntamiento tiene que apoyar a las autoridades que se encargan de la investigación, a fin de determinar si los referidos policías que participaron en el acto lo hicieron por convicción propia o actuaron por órdenes de algún mando jerárquicamente superior a ellos.
En el tercer punto recomendatorio, se pide que F.A.A.B sea indemnizado y reparado del daño ocasionado, con motivo de las violaciones a sus derechos humanos, así como también se le brinde la asistencia psicológica que requiera.
También se pide que se implemente un mecanismo integral en el interior del Ayuntamiento, primordialmente en la Dirección de la Policía Municipal, a efecto de detectar y corregir las indebidas prácticas en que se estuvieren incurriendo, con el fin de investigar, y proteger los derechos humanos de las personas que se encuentren en su demarcación territorial.
El presidente de la Codhey, mencionó que dieron una copia de los once puntos recomendatorios al Juez Penal a cargo del proceso, para que le sirva de sustento en el juicio que se está llevando a cabo en contra de los policías que son investigados por el delito de tortura.
Por cierto, el ombudsman señaló que los principales casos de violación a los derechos individuales son cometidos por policías y servidores públicos del Estado, y aunque la cifra exacta de este tipo de sucesos acontecidos durante 2016 se informará en febrero del próximo año, dijo que los números son muy similares a los del 2015.
El año pasado se registró un total de 380 servidores públicos estatales y/o municipales sancionados por violaciones a derechos humanos a través de amonestaciones, arrestos, suspensiones temporales sin goce de sueldo o bajas definitivas, dependiendo de la gravedad de los hechos.
Entre los agravios están: detención arbitraria, allanamiento de morada, tratos crueles, inhumanos o degradantes, negativa o inadecuada prestación del servicio público en materia de educación, violaciones al derecho a la legalidad y la seguridad jurídica, ejercicio indebido de la función pública, violación al derecho a la igualdad y trato digno, entre otras.
Las diez autoridades más señaladas por los quejosos en 2015 fueron: Secretaría de Seguridad Pública con 136; la Fiscalía General Justicia del Estado, con 47; Secretaría de Educación, con 36; Ayuntamiento de Progreso, con 14; Ayuntamiento de Mérida, con 11; Servicios de Salud de Yucatán, con 10; Ayuntamiento de Kanasín, con 8; Ayuntamiento de Tizimín, con 7; Ayuntamiento de Temozón, con 6; Centro de Reinserción Social del Estado, con 6; Ayuntamiento de Tekax, con 5; Ayuntamiento de Ticul, con5; Ayuntamiento de Valladolid, con 5; Policía Municipal de Mérida, con 5; y Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, con 5. (Edoardo Manzanilla)