A pesar de la legislación en Yucatán y que las mujeres cumplen causales, autoridades de salud han negado la interrupción del embarazo
Mérida, Yucatán, 31 de enero de 2016.- El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), señaló que Yucatán cuenta con una “buena legislación” en cuanto a la Interrupción Legal del Embarazo, sin embargo, en la práctica han encontrado que autoridades de la Secretaría de Salud de Estado no ha implementado adecuadamente lo establecido con la Ley General de Víctimas (LGV) con respecto a brindar ese servicio a las mujeres.
Cabe mencionar que dicha Ley es válida en todo el territorio nacional y sus disposiciones son obligatorias para toda autoridad federal o local, en los procedimientos relacionados con las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos.
En su artículo 35 contempla la atención a de servicios para la interrupción voluntaria de embarazo en los casos permitidos por la ley, así como su pronta atención y seguimiento por las autoridades de salud.
Al respecto la investigadora Jurídica de GIRE, Rebeca Ramos Duarte, señaló que se tuvo un registro positivo en 2015, donde una persona de 31 años con discapacidad mental logró la interrupción legal del embarazo en el Hospital Agustín O’ Horán, debido a un caso de violación.
Sin embargo, señaló que a pesar de ese antecedente, en 2016 se le negó la interrupción legal de embarazo a otra mujer por la causal económica, misma que también es estipulada como causal por las leyes locales.
“Es muy lamentable que si en 2015 ya se tenía un buen precedente de un caso donde se proveyó un aborto legal ¿Por qué en 2016 aun siendo una causa distinta se negaron y hablaron del derecho a la vida desde la concepción?” cuestionó la investigadora jurídica de GIRE.
Ramos Duarte acotó que Yucatán es uno de los estados que está de acuerdo con la Ley General de Víctimas, sin embargo, lo que preocupa a GIRE, es que en los casos reportados por la Secretaría de Salud del Estado, es que no existe implementación de esa ley.
En ese sentido hicieron una invitación a que las autoridades de salud cumplan con las obligaciones señaladas por la Ley General de Víctimas y la Norma 046, para garantizar a las mujeres el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo. (Guillermo Castillo)