El delegado de la Profefa, José Lafontaine Hamui, declaró que habrá cero tolerancia para quienes dañaron el arrecife, y buscarán que se les aplique la sanción más elevada.
Mérida, Yucatán, 09 de enero de 2015.- El delegado en Yucatán de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) José Lafontaine Hamui, declaró que no habrá tolerancia para los dueños de las embarcaciones pesqueras que hace unos días encallaron en el arrecife Alacranes, y que provocaron importantes daños ambientales, por lo que buscarán que se les aplique las sanciones más fuertes.
El delegado federal lamentó que aún no se ha podido retirar por completo el barco “Tío Lencho”, que encalló a finales de diciembre, y que la nave “Empacador VI” sigue incrustado en el arrecife.
“El plan del salvataje del primer barco va en un 70 por ciento, ha sido recuperado en partes, no por completo, mientras que el otro, de 55 pies de eslora, no se ha podido extraer, debido a que las condiciones son muy adversas, ninguno de los dos han sido removidos del área natural protegida”, explicó.
Dijo que con el clima actual, es necesario tomar mayores precauciones en la navegación, pero sobre todo, los dueños de los barcos deben contratar a marineros y capitanes con capacidad, que tengan mucha más pericia y que sepan maniobrar en la zona, “pues el arrecife es muy complejo, derivado de sus bajos”.
Además, indicó que las embarcaciones deben aprovechar sus recursos tecnológicos para no zarpar cuando el clima sea malo, y evitar navegar cerca de esa área natural protegida.
Sin embargo, Lafontaine Hamui señaló que difícilmente las condiciones climatológicas arrastraron a dichos barcos hasta el arrecife Alacranes, más bien criticó que estaban pescando mero en esa zona, durante la temporada de veda.
De hecho, dijo que descubrieron que el “Empacador VI” tenía a bordo 2 mil 500 kilogramos de este producto marino cuando los elementos de la Marina rescataron a sus cuatro tripulantes.
Precisó que habrá cero tolerancia para estas personas que dañaron el arrecife, y que aplicarían la mayor sanción que la ley les permite, que podría ser de hasta 50 mil salarios mínimos.
Además, informó que la Profepa está analizando la posibilidad de interponer una denuncia penal, ya que cuando se afecta un área natural protegida se castiga con cárcel, por lo que esperarán las investigaciones para saber qué tan fuerte fue el daño.
Por lo pronto, inspectores de esa Procuraduría, de la Comisión Nacional del Ambiente (Conam), y elementos de la Secretaría de Marina, siguen monitoreando la zona para constatar cómo se realizan los trabajos de retiro de las embarcaciones “Tío Loncho” y “Empacador VI”. (Herbeth Escalante, imagen de archivo)