Magistrada del TSJE dijo que la mediación ha demostrado sus ventajas en materia familiar, laboral y mercantil.
Mérida, Yuc. 30 de octubre de 2014.– La necesidad de la capacitación de funcionarios conciliadores en materia de derecho agrario y las ventajas que representan los mecanismos alternativos para la resolución de conflictos en esta materia, se pusieron de manifiesto hoy en el marco de la conferencia “Medios alternativos para la solución de controversias en materia agraria”, impartida por la magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado Dra. Adda Lucelly Cámara Vallejos.
En el marco del XVI Congreso Nacional de Derecho Agrario en México y II Internacional que se realiza desde el 27 de octubre y continuará hasta el 31 de este mismo mes, la magistrada integrante de la sala colegiada civil, familiar y mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJEY), externó que estos mecanismos ya han demostrado sus ventajas en el nuevo sistema penal acusatorio.
Asimismo, dijo, también se han demostrado las ventajas de estos mecanismos en otras materias como la familiar, laboral y mercantil, considerando la conciliación o mediación extrajudicial como una instancia para prevenir que las partes lleguen al sistema jurisdiccional, es decir, a los procesos judiciales ordinarios.
Sin embargo, recalcó, aún en la etapa intraprocesal, es decir, cuando los casos ya han llegado a los juzgados, se puede tomar la decisión de acudir a mecanismos alternativos para poner fin a las controversias, con lo que el caso adquiere el carácter de cosa juzgada, ya que es el propio juzgador quien reconoce la legalidad de los acuerdos derivados de mecanismos alternativos.
La magistrada Cámara Vallejos explicó que la Ley Agraria en sus artículos 185 y 191 ya hace referencia a la “amigable composición” y a la obligación del juzgador para exhortar a las partes a que resuelvan sus controversias de manera pacífica, además de que reconoce que la Procuraduría Agraria tiene la facultad de resolver conflictos antes del juicio.
Dijo que es en el reglamento interior de la Procuraduría Agraria donde se encuentran regulados de manera expresa la conciliación y el arbitraje, mientras que la propia Ley Agraria en su artículo 136 fracción III señala como una de sus atribuciones “promover y procurar la conciliación de intereses entre ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros agrícolas; en casos controvertidos que se relacionen con la normatividad agraria”.
La magistrada resaltó también dos reformas importantes en materia de derechos humanos que se dieron recientemente en México
La primera es la reforma al artículo 17 de la Carta Magna, ocurrida en junio del 2008. “Como bien sabemos, el precepto normativo en cuestión prevé el derecho humano del acceso a la justicia, en ese entonces considerado como garantía individual”.
Señaló que con la reforma a este artículo se obligó a la Federación, a las Entidades Federativas y al Distrito Federal a la democratización al acceso a la justicia, es decir, el Estado Mexicano, a partir de ese momento debía darse a la tarea de regular la instrumentación y la aplicación de los medios alternos para resolver conflictos en sus legislaciones tanto nacionales como estatales, al establecer en el párrafo cuarto del mencionado artículo, entre otras cosas, que: “Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias.”
Dijo también que en junio de 2011, el artículo 1° sufrió una reforma sustancial, pues se abandonó el concepto de “garantías constitucionales”; cediendo su lugar a los “derechos humanos”, como el valor jurídico a proteger en el sistema jurídico nacional.
La Dra. Cámara Vallejos pronunció su exposición en el auditorio de la Universidad Modelo en esta ciudad, ante los participantes de estos congresos nacional e internacional en materia de derecho agrario.
De acuerdo con información oficial, el XVI Congreso Nacional de Derecho Agrario en México y II Internacional, cuyo tema es «Los nuevos escenarios del derecho agrario», se realiza en Mérida hasta el 31 de octubre.
La organización está a cargo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, el Tribunal Superior Agrario y el Congreso de la Unión mediante las Comisiones de Reforma Agraria y de Justicia del Senado de la República y de la Cámara de Diputados.
Entre los temas que se abordan están el régimen jurídico en el rubro y leyes conexas, las Leyes de Hidrocarburos, Minera y Agraria, la situación que guarda la producción rural de México y el cumplimiento de las reglas de operación de los diversos programas de apoyo al campo, además del tema de mecanismos alternativos de solución de controversias.