Julián Leyzaola Pérez fue nombrado asesor de la SSP en Benito Juárez
Cancún, Q. Roo, 18 de mayo de 2017.- Julián Leyzaola Pérez, el llamado superpolicía que este miércoles fue nombrado asesor de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Benito Juárez y que llega precedido de la fama de haber reducido los niveles de violencia en la ciudad de Tijuana en base a una política de ‘mano dura’, fue inhabilitado en el año 2013 por ocho años acusado de violaciones a los derechos humanos contra uno de sus elementos, de acuerdo con información que en su momento publicó CNN Expansión
Según esta información, la sindicatura del Ayuntamiento de Tijuana acreditó violaciones a los derechos humanos y faltas administrativas cometidas por Leyzaola en 2011, cuando aún era director de Seguridad Pública de Tijuana, así como por Gustavo Huerta Martínez, ex director de Policía y Tránsito Municipal, informó en aquella ocasión el gobierno de Tijuana en un comunicado.
Ambos fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos por ocho años, sanción que aplica solo en Baja California, lo que posibilitó que posteriormente Leyzaola fuera nombrado secretario de Seguridad Pública en Ciudad Juárez, Chihuahua. Hoy llega a Cancún sin ningún impedimento legal para ocupar el cargo.
La denuncia por la que en su momento fueron sancionados los dos ex servidores públicos la presentó un policía en enero de 2011 en la Sindicatura Municipal, quien afirmó que Leyzaola y Huerta lo torturaron para inculparlo de un caso de robo, según el reporte de CNN Expansión
Ese mismo año la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) emitió una recomendación donde pidió al Ayuntamiento que iniciara un procedimiento contra ambos funcionarios. La PDH aplicó a la víctima el Protocolo de Estambul y se comprobó que sí sufrió tortura física, según el Ayuntamiento de Tijuana.
El Protocolo de Estambul, como se le conoce al Manual para la Investigación y Documentación Eficaz de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, es un conjunto de directrices que se volvió un documento oficial de la ONU en 1999.
El protocolo, el cual México adoptó en 2003, sirve para evaluar a personas que alegan torturas y malos tratos, para investigar casos de tortura y para presentar sus conclusiones ante las autoridades judiciales.
El artículo 59 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Baja California establece inhabilitaciones de hasta 10 años para los servidores que permitan, toleren o causen bajo cualquier circunstancia tortura, aun cuando se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales, como amenazas a la seguridad pública.
Leyzaola, un teniente coronel diplomado del Estado Mayor retirado, dejó el cargo en Tijuana en marzo de 2011, y fue nombrado como secretario de Seguridad Pública de Ciudad Juárez.
Antes de ser secretario de Seguridad Pública de Tijuana —entre 2009 y 2011—, Leyzaola fue subsecretario de Seguridad Pública Estatal, director de los Centros de Readaptación Social y director de la Academia Estatal de Policía, los tres en Baja California. También estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Apenas un mes después de asumir el cargo en Ciudad Juárez, el militar retirado fue acusado por dos organismos dedicados a la defensa de los derechos humanos de detener a cuatro jóvenes, de los que después nada se supo.
En 2010, HRW denunció la participación directa de Leyzaola “en la tortura de personas que fueron detenidas arbitrariamente, trasladadas hasta bases militares y sometidas a golpizas, descargas eléctricas, amenazas de muerte y asfixia con el fin de obtener confesiones falsas”.
En noviembre de ese año, el propio Leyzaola reconoció en entrevista con CNNMéxico su fama de “abusivo” y “represor”, luego de que la policía de Ciudad Juárez detuvo a 29 manifestantes por dibujar un centenar de cruces con pintura de agua en paredes y vidrios.