Investigan a exfuncionarios del sexenio representado por Roberto Borge Angulo
Cancún, Q. Roo, 28 de dic. de 2016.– Para aplicar los juicios políticos en contra de exfuncionarios del sexenio representado por Roberto Borge Angulo, debido a las anomalías y recursos que hacen falta dentro de las dependencias del gobierno estatal, el plazo es de un año, mencionó Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión de la XV Legislatura del Congreso de Quintana Roo.
“Todo funcionario que haya incurrido en responsabilidad política en su ejercicio del encargo son sujetos a juicio político, comenzando por el exgobernador Roberto Borge Angulo, el extitular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Juan Pablo Guillermo Molina”, mencionó el presidente de la Gran Comisión.
Explicó que actualmente el Congreso de Quintana Roo tiene elementos para iniciar procedimientos de juicios políticos contra ex servidores públicos, además de actualizar las denuncias presentadas ante las autoridades.
El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), sostuvo que actualmente con el nombramiento del nuevo titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), se tienen las condiciones para perseguir delitos del anterior sexenio encabezado por Roberto Borge Angulo y considero urgente actuar en coordinación con las autoridades federales en Quintana Roo, tal y como ocurrió con el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
Uno de los movimientos más recientes que realizó la XV Legislatura fue hace dos semanas cuando envío a la Secretaría de la Gestión Pública (SGP), todos los archivos y expedientes sobre la paraestatal VIP Saesa, con la intención de que se elabore una nueva denuncia contra los ex servidores públicos que utilizaron la aerolínea para dar viajes fuera de la agenda del Poder Ejecutivo o por utilizarlo como “taxi aéreo”.
Hasta el momento se han interpuesto siete denuncias ante la FGE, de cuatro dependencias de la administración de gobierno anterior, y una demanda ante la Procuraduría General de la República(PGR), en contra de Roberto Borge Angulo, por la enajenación de bienes de nueve mil 500 hectáreas pertenecientes a la reserva territorial de Quintana Roo.