Primer funcionario municipal en ser puesto bajo vigilancia electrónica.
Mérida, Yucatán, 5 de agosto de 2023.- En un hecho sin precedentes, el alcalde de Motul, Roger Aguilar Arroyo, se convierte en el primer funcionario municipal en ser puesto bajo vigilancia electrónica al ser imputado por el presunto delito de peculado agravado cometido en pandilla.
Un juez de control ha ordenado medidas restrictivas para el alcalde, así como para otros funcionarios municipales y un empresario involucrado, mientras se lleva a cabo el proceso legal que enfrentan.
Desde el inicio de su gestión, Aguilar Arroyo ha sido objeto de una serie de denuncias y pesquisas por supuestos actos de corrupción y malversación de fondos públicos. Las acusaciones en su contra incluyen el presunto desvío de recursos, obras inconclusas y la duplicación de asignación de recursos para proyectos que ya habían sido ejecutados.
Entre las investigaciones que se le imputan, destacan casos como el mantenimiento al DIF Municipal y al mercado Felipe Carrillo, una calle que fue pagada dos veces, paneles solares de sistemas de agua potable que nunca llegaron a ser instalados en una comunidad, y el bacheo de calles que se supuestamente se financió, pero nunca se realizó.
La acusación más reciente se relaciona con una licitación para la reparación de calles en siete comisarías, que aparentemente nunca se llevó a cabo y habría generado un desvío de recursos por más de 450 mil pesos.
Las autoridades han ampliado las investigaciones hacia otros funcionarios municipales y un representante de la constructora «Avril Ingeniería y Asociados, SA de CV», quienes también enfrentan acusaciones por su supuesta participación en los delitos imputados al alcalde.
La decisión del juez de control ha llevado a la imposición de medidas cautelares que incluyen la presentación periódica ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares, la prohibición de salir del estado de Yucatán y la restricción de acercarse a los estados de Quintana Roo y Campeche.
Además, se les ha exigido el pago de fianzas como parte de las medidas cautelares, con un depósito en el Fondo Auxiliar del Poder Judicial del Estado. La próxima audiencia, programada para el lunes 7 de agosto, será determinante para definir si los acusados serán vinculados a proceso penal o exonerados de las acusaciones.
El proceso judicial se originó a raíz de una carpeta de investigación presentada por el auditor superior del Estado, Mario Can Marín, quien denunció el presunto fraude relacionado con el bacheo que nunca se realizó en las comisarías de Motul. Se alega que el alcalde actuó en complicidad con otros funcionarios y representantes de una compañía constructora para cometer el delito.
J.HILERA