Contraloría General del Estado presenta 31 denuncias por irregularidades financieras de la administración anterior.
Mérida, 14 de enero de 2019.- En punto de las trece horas, la titular de la Secretaría de la Contraloría General (Secogey), Lizbeth Basto Avilés acudió a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en el Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado (FGE) para interponer en una denuncia en contra la administración de Rolando Zapata Bello por irregularidades financieras de más de 533 millones de pesos detectadas durante la entrega-recepción.
“Ahora estamos presentando las denuncias como señalamos la semana pasada relativas a algunas inconsistencias y discrepancias financieras y algunas cuestiones administrativas… y que se está haciendo entrega a la Vicefiscalía Especializada al Combate de la Corrupción que es la autoridad que deberá integrar debidamente la carpeta de investigación y determinar la existencia o no de un delito a perseguir”, subrayó Basto Avilés.
Entrevistada en los pasillos de la FGE, explicó que ya se han presentado otras 25 denuncias por parte otras dependencias a diversas agencias del Ministerio Público —y también en la Vicefiscalía— en donde se detallan faltantes de bienes muebles, equipos de laboratorio, sólo por mencionar.
Agregó que ahora se interpusieron cinco denuncias (por parte de las Secretarías de Salud, de Educación, de Administración y Finanzas, y el Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública) en contra de quien resulte responsable.
Respecto a las declaraciones del ex gobernador RZB, en el que a través de un vídeo publicado en redes sociales pide ‘que no lo calumnien’, la Contralora respondió que ellos [el actual gobierno estatal] están cumpliendo con su labor del análisis responsable del proceso de entrega recepción y la investigación fue hecha por profesionales, y ellos sólo están cumpliendo con su responsabilidad de ‘hacer cumplir la ley’ notificando lo que encontraron a la Vicefiscalía.
-¿Pedirán que RZB comparezca?, le cuestionó la prensa.
-Nosotros pediremos que se cumpla la ley, y el proceso está en manos de la Vicefiscalía Especializada, respondió inmediatamente.
-¿Bajo que concepto legal se interpone la denuncia?, nuevamente se le preguntó.
«Yo tendría que reservarme el derecho de darte esa información, cuidando debidamente el debido proceso de la denuncia», dijo.
Recalcó que el proceso ahora no está en manos del gobierno estatal, sino de la Vicefiscalía, “la instrucción del gobernador es cumplir con la ley”, sostuvo.
Esas presuntas irregularidades fueron detectadas principalmente en la Secretarías de Salud (SSY), Educación (Segey) y de Administración y Finanzas (SAF). La contralora general presentó ante los organismos fiscalizadores un total de treinta y un denuncias. En estas se exhiben pruebas de diversas irregularidades detectadas, muchas de las cuales se han denunciado a la opinión pública.
“Como se informó el miércoles pasado”, recordó la contralora Basto Avilés, “al analizar las carpetas del proceso de entrega-recepción, se encontraron faltantes —financieros, materiales e informativos— y en cumplimiento y respeto de la Ley se presentan las denuncias correspondientes. Confiamos en la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Auditoría Superior del Estado de Yucatán en que cumplirán con su deber de fincar y deslindar responsabilidades e informar a la sociedad yucateca”.
En este primer paquete hay denuncias de índole penal y otras de responsabilidades administrativas. Las primeras serán analizadas y estudiadas por la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y las segundas, por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán. En ambos casos, el Gobierno del Estado —a través de la Contraloría General y la Consejería Jurídica— brindará a los órganos fiscalizadores toda la información que requieran. Es probable también la intervención en estos procesos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán.
La titular de la Contraloría General del Estado sostiene que el Poder Ejecutivo “brindará todas las facilidades para que se lleven a cabo las diligencias correspondientes”. Reitera que, como es evidente, “esto no es un asunto político, sino un tema estrictamente jurídico resultado de los procesos de entrega-recepción”. (Javier Escalante Rosado)