Podrían citar a Calderón; amagan panistas con no avalar leyes secundarias energéticas.
México, 12 de marzo de 2014.- El pleno del Senado integró una comisión especial para dar seguimiento al caso Oceanografía, que podría incluso citar a comparecer al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Fue una propuesta impulsada por el PRD, a la que el PRI se sumó al final, luego de que los senadores del PAN afines al calderonismo hicieron público que no van a avalar las leyes secundarias en materia energética hasta que se aclaren los señalamientos que relacionan a panistas de las últimas dos administraciones con las irregularidades en que incurrió Oceanografía y el posible quebranto a Petróleos Mexicanos (Pemex).
El anuncio del condicionamiento a las leyes secundarias lo hicieron los senadores Roberto Gil Zuarth y Javier Lozano. El ex secretario particular de Calderón (Gil) dijo que apoyan las investigaciones en Oceanografía, ‘‘pero no sólo para atrás, sino también para adelante’’.
Gil Zuarth sostuvo que el fraude de Oceanografía contra Banamex no se dio en el sexenio de Calderón, sino en el primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto. Advirtió que es ‘‘insólito’’ que la autoridad financiera y fiscal no se haya dado cuenta de una defraudación por 580 millones de dólares. ‘‘Vamos a revisar el caso de manera escrupulosa’’, dijo. Insistió en que el fraude no tiene que ver con la asignación de contratos, sino con la expedición de facturas falsas para obtener el financiamiento de Banamex.
Agregó que las iniciativas energéticas será analizadas sin prisas, porque antes tienen que dar salida, ‘‘cauce político-parlamentario nacional a un escándalo nacional como es Oceanografía’’.
Por separado, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, lamentó que el PAN presione con no aprobar la reforma energética para lograr que se exonere a Calderón de su responsabilidad en la asignación irregular de contratos a la empresa Oceanografía.
Hizo notar que en el Senado ‘‘hay grandes amigos de Mario Ávila’’, ex funcionario y ex candidato del PAN a la gubernatura de Campeche, actualmente investigado por su participación en el otorgamiento irregular de contratos a Oceanografía.
Más tarde, en la reunión en que los coordinadores parlamentarios dieron a conocer la integración de la comisión especial para dar seguimiento al caso Oceanografía, el panista Jorge Luis Preciado evadió responder en torno a los señalamientos de que parte de su bancada pretende la impunidad para Calderón y por ello amenaza con posponer las leyes reglamentarias de la reforma energética.
El presidente de la Comisión de Energía, David Penchyna (PRI), rechazó que ese proceso se retrase. Dijo que son dos cosas distintas y que nada tiene que ver la comisión que dará seguimiento al caso Oceanografía con la reforma energética.
Igualmente, el coordinador priísta, Emilio Gamboa, consideró que habrá leyes secundarias que permitan echar a andar las modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. Sin embargo, ayer mismo los senadores panistas Jorge Luis Lavalle –ex jefe de campaña de Ávila–, Salvador Vega Casillas y Francisco Domínguez, los tres responsables del tema energético en la fracción blanquiazul, no asistieron a una reunión con el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, que estaba programada previamente en torno a la legislación reglamentaria.
El priísta Gamboa aclaró que a través de esa comisión no se va a perseguir a nadie, ni habrá ‘‘chivos expiatorios’’, pero dejó abierta la posibilidad de que se cite a comparecer a Felipe Calderón Hinojosa. Al respecto, Dolores Padierna (PRD) preguntó cómo puede el director de Pemex decir que no hay quebranto a la paraestatal cuando la afectación es de ‘‘miles de millones de dólares’’.
El coordinador de los senadores del sol azteca, Miguel Barbosa, dio a conocer los más de 100 contratos por casi 51 mil millones de pesos concedidos en los sexenios de Vicente Fox, Calderón y en el primer año de Enrique Peña Nieto a Oceanografía. Estos últimos son cinco contratos, todos de 2013 y por 2 mil 300 millones de pesos, que además están vigentes. (La Jornada)