En las recomendaciones por la Alerta de Género, se recalcó la poca capacitación de los funcionarios sobre derechos de las mujeres
Mérida, Yucatán, 12 de septiembre de 2017.– La investigación que realizó el equipo de expertos tras la solicitud de la activación de la Alerta de Género en Yucatán, arrojó como diagnóstico que las autoridades de procuración e impartición de justicia, así como las de salud, desconocen los estándares internacionales en materia de derechos humanos, género y derechos de las mujeres, y que no hay presupuesto suficiente para atender a quienes son víctimas de violencia.
Como hemos informado, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género (Conavim) presentó el viernes pasado al Gobierno del Estado una serie de recomendaciones para combatir la violencia feminicida, por lo que las autoridades cuentan con seis meses para cumplir con esas acciones. De lo contrario, se activaría la Alerta.
El equipo de trabajo realizó visitas y entrevistas a diferentes servidores en instancias públicas en los municipios en donde se reportan un importante casos de violencia en contra de las mujeres. Estos son Hunucmá, Kanasín, Mérida, Peto, Progreso, Tekax, Ticul, Umán y Valladolid. También se analizaron los Códigos de la Familia y Penal del Estado.
Como resultado de ese estudio, determinaron que existe un desconocimiento de las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, género y derechos de las mujeres, “para garantizar su acceso a la justicia y un trato respetuoso y digno”.
Por tal razón, en el diagnóstico se propuso que se implemente un sistema de profesionalización en esos temas para el personal de las instancias antes mencionadas.
Asimismo, pidieron que se revisen los perfiles de las asociaciones civiles que forman parte del Comité́ Técnico de Análisis y Evaluación del Protocolo de Actuación Ministerial, Pericial y Policial en el Delito de Feminicidio, a fin de incluir a aquellas agrupaciones que “cuenten con la experiencia comprobable en materia de derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género”.
Por otra parte, el equipo de investigación encontró que parte de los funcionarios que atienden casos de violencia contra las mujeres no cuenta con la perspectiva de género adecuada, por lo que su intervención en los mismos es limitada. Por tal razón se requiere un mayor conocimiento y capacitación sobre esos tópicos.
“Si bien las y los servidores públicos que atienden casos de violencia contra las mujeres en Yucatán cuentan con disposición para realizar su trabajo, no todos cuentan con la perspectiva de género adecuada. En este sentido, se requiere diseñar e implementar un programa de profesionalización de atención a victimas, que reconozca un enfoque de actuación con perspectiva de género, interculturalidad e interés superior de la niñez”, se lee en el documento.
Hicieron hincapié en que los talleres que actualmente reciben los servidores públicos “son superficiales” y no tienen planeación estratégica ni mecanismos de seguimiento y evaluación, lo que se refleja en que no se tengan las herramientas suficientes para conocer y reconocer la discriminación que viven las mujeres en su vida cotidiana, lo que conlleva a que realicen valoraciones estereotipadas y con prejuicios.
Debido a lo anterior, se propuso realizar un programa de profesionalización especifico en materia de derechos humanos de las niñas y mujeres victimas del delito y de violaciones a sus derechos humanos, que les permita a los funcionarios “fortalecer sus capacidades para brindar adecuadamente sus servicios”.
En el dictamen de la Alerta de Género en Yucatán, se destacó que el personal médico estatal suele ser el primer contacto con las mujeres que han sido víctimas de violencia, por lo que deben estar capacitados para la detección, el tratamiento y registro oportuno de agresiones.
Sin embargo, durante visitas a hospitales públicos, el equipo de especialistas constató que este tipo de personal no cumple a cabalidad con las disposiciones de la NOM-046 –que permite a las féminas solicitar la interrupción del embarazo en caso de violación, aún cuando no hayan presentado una denuncia penal-, ya que no realiza adecuadamente el registro de casos, las detecciones de la violencia, ni las referencias cuando resultan procedentes.
Señalaron que los trabajadores del sector salud encargados de la atención a mujeres victimas de violencia presentan un desgaste emocional, y son minoría los que reciben procesos de contención.
Como solución a esas situaciones, se recomendó realizar programas de capacitación efectivos en la aplicación de la NOM-046, en materia de derechos humanos de las mujeres y no discriminación con un enfoque de género e interculturalidad, dirigido al personal médico.
Asimismo, hicieron un llamado a crear y aplicar los programas necesarios de contención emocional para los trabajadores de salud que proporcionan atención directa a mujeres víctimas de violencia.
Sobre las labores para dar a conocer los derechos humanos de las mujeres, el grupo de especialistas explicó que éstas no son suficientes ni se desprenden de una estrategia integral con la cobertura necesaria para permear en toda la población, especialmente a aquellas féminas que no hablan español y habitan en comunidades rurales.
“El grupo de trabajo reconoce los esfuerzos del Estado en materia de promoción de los derechos humanos de las mujeres, sin embargo, no se encontró́ que dichas acciones sean suficientes ni que se desprendan de una estrategia integral con la cobertura necesaria para permear en toda la población, particularmente a las mujeres que no hablan español y que habitan en comunidades alejadas del centro”, indica el documento.
Señalaron la necesidad de generar una estrategia de comunicación con perspectiva de género y enfoque multicultural, de alcance estatal y comunitario, en materia de prevención y atención a la violencia contra las mujeres y difusión de sus derechos.
Sobre la protección jurídica de los derechos de las féminas en la entidad, se detectaron “áreas de oportunidad” que de no atenderse “provocarían sesgos de discriminación”.
El grupo de trabajo propuso realizar modificaciones al Código de Familia para el estado, entre las que destacan: revisar la figura del matrimonio donde se considera tácitamente como la unión de un hombre y una mujer, lo que impide la conformación de familias diversas; modificar el articulo 59 para incluir la violencia familiar como impedimento para contraer matrimonio; hacer explicita la figura de la orden de protección en casos de violencia familiar, y Armonizar la definición de violencia familiar con la establecida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Con respecto al Código Penal de la entidad, se sugirió: incluir aspectos conceptuales que tranversalicen la perspectiva de género y de derechos humanos; aumentar la penalidad a los delitos sexuales como el abuso sexual y el hostigamiento sexual.
También modificar el numeral 393 relativo al aborto no sancionable, para incluir como causal, cuando el embarazo sea resultado de una inseminación artificial sin consentimiento de la mujer, toda vez que este tipo de acto está tipificado como delito y la mujer es la victima de tal conducta.
De igual manera modificar el articulo 315 relativo a la “violación equiparada” para incluir como sujeto pasivo a las personas menores de 18 años; hecho lo anterior, derogar el numeral 311 que tipifica el estupro o en su defecto homologar la pena aplicable a quien comete el delito de estupro con la pena que corresponde a la violación.
De la misma forma, se indicó que a pesar de que la Ley local de Acceso establece la obligación de integrar el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, dicho sistema de información no se encuentra operando adecuadamente, por lo que no se cuenta con información sistematizada sobre estos hechos.
Los especialistas precisaron que se debe fortalecer e integrar el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia en Contra de las Mujeres, para administrar los datos que todas las instancias involucradas en la atención y sanción de la violencia contra ese sector de la población.
También recomendaron elaborar dos diagnósticos, uno sobre violencia familiar que derive en el fortalecimiento de políticas públicas dirigidas a la población que incidan en la disminución de la problemática, y otro sobre embarazo en la niñez y la adolescencia.
Por último, el equipo de investigadores explicó que se encontraron “ciertas deficiencias” por falta de asignación presupuestal. En este sentido, consideraron que el gobierno del estado y el Congreso local deben destinar mayor presupuesto para atender la problemática de violencia contra las mujeres y la desigualdad de género que se identificó en la entidad.
“Se deberán destinar recursos suficientes a los programas y acciones encaminadas a lograr la igualdad entre mujeres y hombres por parte de los Ayuntamientos y el Ejecutivo Estatal, así́ como las destinadas a la prevención, atención, investigación, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en Yucatán”, recalca el documento. (Luis Ángel Fuente)