«Estamos cuidando el agua y queremos que este caso se revise de una forma muy minuciosa”: José May Echeverria, secretario de Kanan Ts’ono’t.
Mérida, Yucatán, 27 de marzo de 2019.- Los guardianes de los cenotes de Homún y el grupo Indignación se presentaron en el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito del Poder Judicial de la Federación, para expresarle a los magistrados su preocupación por la posible resolución del amparo presentado por las irregularidades de la Manifestación de Impacto Ambiental de la megagranja instalada en Homún, ya que el proyecto de sentencia es contrario a los criterios de protección a derechos humanos.
“Nos preocupa porque vemos que el análisis que están haciendo del proyecto no se está correctamente, mañana se realizará la audiencia, por lo que esperemos que tengan más tiempo de analizarlo; nosotros estamos cuidando el agua y queremos que este caso se revise de una forma muy minuciosa”, dijo José Clemente May Echeverria, secretario de Kanan Ts’ono’t.
Por su parte, el abogado Jorge Fernández Mendiburu señaló que el proyecto de sentencia cuenta con la aceleración de que la manifestación de impacto ambiental, no debió ser sometida a consulta, a pesar de que es una comunidad reconocida como indígena, no solo por los pobladores, sino por las instituciones del estado.
“El proyecto de sentencia maneja que no debió haber consulta, porque no se acreditó un impacto significativo con el establecimiento de la granja porcicola, y pensamos que eso es preocupante ya que precisamente hace poco la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver una acción de inconstitucionalidad, presentada por la Comisión de Derechos Humanos, contra la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Yucatán, justamente enfatizó que debe prevalecer este derecho como un derecho que no debe ser atendido de manera abstracta, sino que que tiene que reconocerse a partir de la realidad de las propias comunidades”, expresó.
Indicó qué se menciona que como pueblo no tienen derecho a la consulta, por lo que es un criterio regresivo, no solo para este caso, sino peligroso frente a otras situaciones de reclamo que distintas comunidades mayas de la Península están efectuando frente a distintos proyectos que se están estableciendo en la zona.
“Es un primer criterio que nos preocupa sobre, es un derecho que ha costado mucho reivindicar, que además afecta a la libre determinación, que es el derecho madre de los pueblos indígenas, y tiene que ser repensado por la ponencia del proyecto”, mencionó.
Asimismo, indicó que otro de los puntos es que no se considera el principio precautorio, que es el que obliga al estado a implementar medidas frente a mega proyectos que puedan generar un daño irreversible, “no haya ningún indicio en el expediente que acredite que no se va a contaminar por la granja, y lo que plantea el proyecto es que esos elementos de carácter administrativo que exigió la Seduma a la empresa acreditan el principio precautorio y eso es otra cosa, ya que el principio precautorio es una medida protección frente a riesgos importantes de medio ambiente”.
Por lo que recordó, que se está frente a dos áreas protegidas, que son reconocidos como sitio Ramsar (es el trabajo intergubernamental que ofrece el marco para la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos).
“Lo que nos preocupa de la resolución es que se contratan dos visiones de desarrollo y se tiende a avalar la visión de desarrollo que dice que la inversión porcícola es la que necesita el estado frente a la visión de desarrollo de la comunidad a través del turismo con los cenotes”, comentó.
La abogada Lourdes Medina Carrillo recordó que este es uno de los juicios de amparo, por lo que los demás son aparte de la suspendió otorgada por la Juez 4to de Distrito, con la que hasta el momento se mantiene la paralización de la granja.
Mañana (28 de marzo) está programada la resolución, a las 10 de la mañana, pero existe la posibilidad de que sea aplazado. (Verónica Camacho).