La Cámara estudiará ahora y durante 180 días las acusaciones contra la presidenta brasileña por alterar supuestamente las cuentas públicas
Brasilia, 12 de mayo de 2016.- Tras una sesión plenaria histórica y extenuante que duró 21 horas casi ininterrumpidas, desde las 10 de la mañana a las siete de la madrugada, el Senado brasileño aprobó el proceso de destitución o ‘impeachment’ contra la presidenta Dilma Rousseff.
El resultado de la votación fue elocuente: 55 a favor y 22 en contra. Rousseff recibirá hoy por la mañana la notificación oficial y después saldrá por la puerta principal del palacio de Planalto, sede presidencial, en un gesto explícito que quiere decir que acata pero no aprueba la decisión.
Después se recluirá en el futurista Palacio de la Alborada, su residencia oficial, donde se le permite quedarse en su nueva condición de presidenta espectral, con el salario recortado a la mitad y las perrogativas reducidas al mínimo. El vicepresidente del país, Michel Temer, líder del Partido Democrático do Movimento Brasileiro (PMDB), asumirá inmediatamente después la jefatura del Estado.
Calheiros leyó el texto que recibirá Rousseff de las manos del primer secretario del Senado y que significa, de hecho, su destitución temporal: «Señora Presidenta: se le hace saber por medio de esta notificación que a partir de su recepción ésta instaurado el proceso de impeachment. (…) Y queda suspensa del cargo de presidenta (…) con derecho a residencia oficial, seguridad, servicio médico y transporte aéreo y terrestre».
Lo que los senadores brasileños decidieron este jueves, de facto, es la apertura formal del impeachment, el proceso de destitución, el juicio político que discurrirá en el Senado como máximo y a partir de hoy durante 180 días. En estos seis meses los senadores discutirán si Rousseff cometió crimen de responsabilidad hacia la República al alterar las cuentas públicas para equilibrar los balances presupuestarios de un año para otro a base de pedir dinero a grandes bancos públicos.
Una posterior votación, que se celebrará probablemente en octubre, decidirá el destino final de Rousseff. Para entonces no servirá sólo la mayoría simple. Serán necesarios dos tercios, esto es, 54 senadores. De ahí que el resultado de hoy sea significativo. Es decir, tal y como están las cosas actualmente, Rousseff quedaría definitivamente fuera del cargo, depuesta.
Pero todo eso queda lejos, de cualquier manera. Lo determinante, hoy, es que durante todo ese tiempo la presidenta deja de ser presidenta real. El poder, automática y plenamente, pasa a las manos del vicepresidente, Michel Temer, hasta hace un mes y medio aliado político de Rousseff y ahora su peor enemigo y, en palabras de ella misma, «un traidor y el padre de los conspiradores».
En la tribuna, los defensores del impeachment, la mayoría de partidos de centro y de derecha, hablaron de esas maniobras fiscales a las que, a veces, culparon de la crisis económica brasileña. Pero la mayoría se refirió más, para justificar su decisión, a la catastrófica marcha de la economía (que retrocede a razón de un 3% del PIB al año), a las sucesivas rebajas de las agencias de calificación, que ya han colocado los bonos brasileños al nivel de bono basura y, en general, a la necesidad de cambiar de Gobierno para que la perspectiva sombría del país cambie.
Los defensores de Rousseff replicaron en su mayoría con un argumento simple: no se puede echar a una presidenta elegida por el pueblo, con 54 millones de votos detrás, apelando a unas maniobras fiscales que no constituyen a su juicio un delito grave o a la situación económica, porque para eso están las urnas.
El Abogado General del Estado, José Eduardo Cardoso, que cerró la sesión, resumió así el sentir del Gobierno: «Ustedes respetan todos los procedimientos, es cierto. Pero no la médula del proceso. Y la médula del proceso es que se juzga a la presidenta por algo que todos los presidentes de todos los países hacen. Por eso, con todos los procedimientos, ustedes están condenando a una inocente» (Con información de El País)