Tampoco la subsecretaría de Asuntos Religiosos intervendrá en el caso de los ciudadanos que rezan frente a una clínica
Mérida, Yucatán, 2 de octubre de 2017.- El subsecretario de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos del Gobierno del Estado, Carlos Carrillo Paredes declaró que los grupos que rezan frente a una clínica del Centro Histórico “para poner fin al aborto” no están agrediendo a nadie, por lo que no pueden detener su manifestación.
Como hemos informados, ciudadanos afines a grupos conservadores y religiosos iniciaron una campaña de 40 días de rezo frente a la clínica Servicios Humanitarios en Salud Sexual en la calle 54 por 49, pues aseguran que ahí se realizan abortos.
Por tal razón, la abogada de esta clínica, Amelia Ojeda Sosa pidió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CODHEY) medidas cautelares, pues con esa campaña dicho grupo estigmatiza y discrimina a las usuarias y profesionales que prestan sus servicios de salud en ese lugar, exponiéndolas al odio público.
En ese sentido, la CODHEY solicitó a la Dirección de Gobernación del Ayuntamiento y a la Secretaría General de Gobierno intervengan para saber si dichos ciudadanos violan la ley de Asuntos Religiosos y Culto Público.
Al respecto, Carrillo Paredes señaló que ese grupo no comete ninguna falta, y que además se amparan en la libertad de expresión “porque es una manifestación pacifica”.
“Además están afuera de la clínica, sin agredir a nadie… se trata de un movimiento nacional pacifico, si hubiera agresiones entonces estarían irrumpiendo el orden y las autoridades intervendrían”, agregó.
El funcionario estatal dijo que ese grupo de rezadoras no viola la mencionada ley federal “porque no hay un fin religioso (sic.)”. Dijo que quizás debieron avisar de esa actividad a la Secretaría de Gobernación, “sin embargo no incurren en ningún delito, porque no está haciendo algo indebido”.
Carrillo Paredes insistió que la libertad de expresión está garantizada en Yucatán, y que esas personas que rezan frente a la clínica no están ofendiendo a nadie.
Pese a las declaraciones del subsecretario, la abogada de UNASSE ha enfatizado que esa campaña vulnera los derechos humanos de terceras personas, sobre todo de las usuarias que solicitan servicios de salud en el lugar. En especifico, las exponen al rechazo y odio público.
Al respecto, el funcionario sostuvo que de haber agresiones, entonces los dueños del lugar podrán dar parte a las autoridades para intervenir. Pero si de todos modos sienten agraviados, pueden interponer denuncias por daño moral, “pero hasta ahora no hay ningún delito”.
Señaló que sí habrían caído en una falta a la ley si en esa manifestación hubieran acudido sacerdotes o líderes religiosos, “pero no es así, sólo son personas que están ejerciendo su libertad de expresión”. (Herbeth Escalante)