Cerca de 100 habitantes de esa localidad pidieron la intervención del Gobernador en dicho conflicto
Mérida, Yucatán, 13 de marzo de 2017.- Alrededor de 100 ejidatarios y habitantes del municipio de Chocholá se manifestaron en las puertas del Palacio de Gobierno, debido a la presunta complicidad de la Procuraduría Agraria con empresarios que les han quitado cerca de tres mil 500 hectáreas en dicho municipio.
La comisaria de esa localidad, Claudia Cob Durán, solicitó la intervención del gobernador Rolando Zapata Bello por la presuntas irregularidades en la venta de esos terrenos.
“A nosotros los indígenas nos están quitando nuestro territorio, no los están arrebatando y desgraciadamente hay algunas instituciones que están apoyando a algunos empresarios”, sentenció Cob Durán.
La líder ejidal acusó al delegado de la Procuraduría Agraria, Omar Corzo Olán, de estar favoreciendo a empresarios para hacerse de tres mil 500 de las 15 mil 500 hectáreas pertenecientes a ejidatarios del municipio de Chocholá.
“Queremos manifestarnos de manera pacífica y que escuchen la voz del pueblo que es dueño del territorio y de los recursos naturales”, señaló Claudia Cob.
En la manifestación, los habitantes de Chocholá aseguraron estar en defensa de sus tierras, y señalaron que éstas se ven afectadas por las transnacionales y por los megaproyectos.
Dijeron que incluso el Tribunal Agrario ha participado en dichas irregularidades, pues “ellos están para defendernos, pero ellos mismos defienden a los que están comprando nuestras tierras”.
Informaron que el día de ayer se llevaron a cabo dos asambleas; una por los ejidatarios de Chocholá y una más por la Procuraduría Agraria, en donde se destituyó a la líder campesina. Sin embargo, esta última asamblea ha sido desestimada, ya que aseguran se llevó a cabo de manera ilegal, es decir, en un lugar distinto a la casa ejidal, entre otras irregularidades.
Tras poco más poco más de una hora, una comisión formada por Claudia Cob Durán y otros ejidatarios, se trasladaron a la Procuraduría Agraria para ser atendidos por las autoridades. De igual manera, informaron que luego de la reunión en Palacio de Gobierno los ejidatarios entablarán diálogos y mesas de trabajo con las instancias correspondientes, para buscar solución a este conflicto.
Cabe mencionar que el pasado 20 de febrero, los habitantes de esa localidad se manifestaron contra la empresa Proser, que indicaron está detrás de este conflicto, pues hace poco empezaron a instalar –sin contar con contratos vigentes- una cementera y un banco de material pétreo en sus terrenos.
En esa ocasión, Cob Durán dijo que Proser se acercó hace poco a los campesinos, y se comprometió a pagarles una indemnización de 40 mil pesos a los 566 ejidatarios por la hectárea que ya ocuparon, “pero no sabemos qué se va a construir, pues también se especula que levantarán una calera”. (Guillermo Castillo)