Existen vacíos en la Ley de Bioseguridad en cuanto al uso de organismos modificados genéticamente
Mérida, Yucatán. 24 de enero de 2017.- La discusión a nivel internacional sobre los efectos negativos que podría provocar al medio ambiente y a la salud humana el uso excesivo de agroquímicos que se requieren para cultivar organismos modificados genéticamente, también conocidos como transgénicos, es una constante hace más de 20 años.
En el caso de Yucatán, comunidades mayas dedicadas principalmente a la apicultura, iniciaron la defensa de sus tierras para evitar que el gobierno Federal otorgue permisos a empresas transnacionales –en específico Monsanto, ahora propiedad de la alemana Bayer- para cosechar soya transgénica, ante el riesgo de que dañe la producción regional de miel.
La inconformidad de esas comunidades ha derivado una serie de acciones jurídicas y manifestaciones, sobre todo ante los vacíos que existen en la Ley de Bioseguridad sobre Organismos Genéticamente Modificados (OGM), a partir de la cual el Ejecutivo Federal ha tomado decisiones que podrían afectar los intereses de la población maya rural de la entidad.
El Gobierno del Estado intervino en este conflicto y en octubre pasado publicó el Decreto 418 para que Yucatán sea una zona libre de cultivos transgénicos. La intención ha siso proteger la producción local, básicamente de miel, el medio ambiente y la salud de los pobladores.
Sin embargo, la Presidencia de la República impugnó esta medida, por lo que se acerca un proceso jurídico que ha generado incertidumbre sobre lo que pudiera pasar con el campo yucateco.
Daños al ecosistema y a la salud humana
El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), Eduardo Batllori Sampedro, principal impulsor del Decreto, sostuvo que el objetivo de esta medida es sentar un precedente “ante los posibles daños, impactos y los riesgos inaceptables que presenta el cultivo de organismos genéticamente modificados”.
Era lógico, consideró, que la Consejería Jurídica de la Presidencia recurriera a una Controversia Constitucional en la Suprema Cortes de Justicia de la Nación (SCJN), porque precisamente la Ley de Bioseguridad establece que las facultades para decidir si se permite o prohíbe la siembra de ese tipo de productos en los territorios estatales compete a la Federación y se excluye de ello a los gobiernos estatales.
Pero esa ley, de acuerdo con el funcionario, tiene varias lagunas que podrían servir para que el gobierno del Estado presente sus argumentos ante los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la cual fue interpuesto el recurso de Controversia Constitucional.
Un ejemplo de ello es la inexistencia de protocolos que establezcan cómo proceder cuando semillas transgénicas se dispersen en el campo por presencia de huracanes, ya que éstas no sólo contaminarían los productos locales, sino que podrían repercutir en demandas contra los compradores de los granos, ya que los transgénicos tienen patentes exclusivas y condiciones de uso que impiden su siembra más allá de la superficie registrada en los contratos de compra venta.
Además, los agroquímicos que se usan en este tipo de cultivos –principalmente el glifosato- representan una fuente de contaminación del manto acuífero de la entidad que ya se ha constatado, a través de estudios científicos, puede provocar daños a la salud humana y el ecosistema.
El secretario también explicó la incompatibilidad entre la producción de soya transgénica y la producción apícola, ya que las abejas recolectarían polen contaminando. Esto no sólo afectaría dicha actividad ancestral, sino también representaría un riesgo económico si el mercado europeo –principal consumidor de la miel yucateca- decide dejar de comprarlo.
La Presidencia parece proteger a Monsanto
El abogado de “MA OGM Colectivo Sin Transgénicos”, Jorge Fernández Mendiburu, acusó a la Presidencia de la República de defender y respaldar a empresas como Monsanto, al impugnar el Decreto 418 que declaró a Yucatán como zona libre de cultivos transgénicos, “por lo que quedó demostrado que al gobierno de Enrique Peña Nieto no le importan las comunidades mayas”.
El activista recordó que hace aproximadamente cuatro años, pobladores de diez municipios mayas –como Tekax, Santa Elena y Ticul-, pertenecientes a grupos apícolas, iniciaron un procedimiento a partir de la Ley de Bioseguridad, para declarar a sus comunidades libres de cultivos genéticamente modificados.
En ese entonces, la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) les negó ese derecho, con el argumento de que no había lineamientos establecidos en esa Ley para evitar este tipo de cultivos. Frente a esa definición de la autoridad federal, los pobladores recurrieron a un amparo que aún no ha sido resuelto por el Poder Judicial.
Fernández Mendiburu señaló que el gobierno Federal se contradice, porque no sólo le negó ese derecho a las comunidades e impugnó el Decreto, sino que, a pesar de que “no existen esos lineamientos”, otorgó permisos para sembrar soya transgénica en el sureste del país.
El abogado de MA OGM señaló que los ministros de la SCJN deberán tomar en cuenta que el Ejecutivo Federal ha tenido criterios diferenciados en el tema, al negar zonas libres de transgénicos, y al mismo tiempo otorgar permisos para cultivar organismos genéticamente modificados.
Para Fernández Mendiburu, la actitud del gobierno encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto protege defiende a empresas como Monsanto, pues al poco tiempo de que el gobierno de Yucatán publicó el decreto, fue impugnó ante la SCJN, el año pasado.
Los transgénicos han sido satanizados
Según el delegado de la Sagarpa en Yucatán, Pablo Castro Alcocer, “se ha satanizado” a los organismos genéticamente modificados: si bien es cierto que hay posiciones en su contra en el sector campesino en la entidad, la realidad es que todos los días los pobladores de Yucatán se alimentan de este tipo de productos.
Además, señaló, es común que a los animales de la actividades porcícolas y avícolas de la entidad se les alimente de maíz transgénico, que se importa en grandes cantidades desde Estados Unidos y del norte del país.
“Estas industrias consolidadas en Yucatán y que generan cientos de empleos formales, utilizan alimentos transgénicos, y la gente también los consume. Por eso hay que buscar un punto de equilibrio, y sobre todo, estudiar, investigar y conocer el tema”, puntualizó.
Eso sí, reconoció que la actividad apícola es un estandarte de la producción yucateca, de la que dependen 20 mil familias, por lo que se tiene que seguir impulsando y buscar su industrialización, lo que implica defenderla ante posibles daños ambientales.
Castro Alcocer recordó que Yucatán es el estado número uno a nivel nacional en exportación de miel, por lo que una solución para el “conflicto transgénico” sería regular la siembra de dichos organismos. Pero, recalcó, hasta el momento, en los archivos históricos de la Sagarpa, no tienen registro de este tipo de cultivos en la entidad.
El funcionario federal insistió en la importancia de “buscar un equilibrio medio” y que cualquiera que sea la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la impugnación que promovió la Presidencia en contra del Decreto 418, deberá ser respetada y acatada. (Para continuar leyendo este reportaje consulta la última versión impresa de la revista Desde el Balcón)