Empleados del hospital humillaron y se burlaron de la paciente cuando pidió ayuda. Lamentan que los directivos del Psiquiátrico y de la Secretaría de Salud se laven las manos ante este caso
Mérida, Yucatán, 01 de julio del 2014.- La joven I.C.P. de 28 años de edad que fue violada por otra paciente en el Hospital Psiquiátrico de Mérida la semana pasada, exige justicia y que despidan a los trabajadores de ese instituto que permitieron que se cometa este delito sexual.
En entrevista para Desde el Balcón, la víctima relató que durante la madrugada del pasado 24 de junio, fue violada en el pabellón de mujeres de ese hospital, ante el consentimiento del personal que trabajaba de guardia en el turno nocturno, quienes se burlaron de ella cuando pedía ayuda.
“Cuando llegó la noche, a todas las pacientes nos dieron pastillas para dormir que me hicieron efecto rápidamente; pero como a las 2 de la madrugada sentí que alguien se subió a mi cama y empezó a abusar de mi. Como estaba muy dopada no pude defenderme ni reaccionar a tiempo”, señaló.
I.C.P. fue internada por sus padres en el Psiquiátrico de Mérida el viernes 20 de junio, luego de sufrir una crisis nerviosa. No era la primera ocasión que la atendían en ese lugar, pues recibe terapia desde hace 10 años para controlar los episodios de depresión que suele sufrir.
Sin embargo, luego de quedarse internada tres días en el área de Cuidados Intensivos para recuperase, fue trasladada a ese pabellón con otras pacientes, pues todavía no había sido valorada por un médico para que la pudieran dar de alta.
Ya en el pabellón “2M”, fue violada por otra paciente llamada Carolina, quien rápidamente fue trasladada a otro cuarto cuando I.C.P. pedía auxilio a gritos.
“Las enfermeras se burlaron de mi cuando les conté lo que había pasado, no me creyeron, a pesar de que los zapatos de Carolina estaban sobre mi cama; no sé quién la cambió a otra área de aislamiento, desapareció de repente, pero las enfermeras decían que yo sólo estaba alucinando y se reían de mí”, relató.
La víctima contó que antes de sufrir la violación, alcanzó a escuchar que la propia Carolina mantenía relaciones sexuales con otra paciente del cuarto, y hasta las enfermeras le gritaron “¿ya terminaste?”.
“Tiempo después caminó hasta mi cama y me violó; tengo los brazos y las piernas con moretones y rasguños en el cuello, debido al forcejeo, pero no pude reaccionar a tiempo”, agregó.
Al ver que las enfermeras y un intendente la ignoraban e incluso la humillaban, I.C.P. amenazó con acusarlos y meterlos a la cárcel. “Ya no pude dormir toda la noche, me la pasé llorando en un rincón del cuarto y no me hicieron caso”, señaló.
Se lavaron las manos
Sin aún tener conocimiento del lamentable evento, los padres de la afectada acudieron al hospital con la intención de llevársela a casa, pues los doctores les habían señalado días antes que ese mismo martes la iban a dar de alta.
Sin embargo, la encontraron llorando en el comedor del instituto, en donde les contó lo que había sufrido esa madrugada.
La madre de la víctima, W.P.C. rápidamente acudió a la oficina del director del Psiquiátrico, Primo Reyes Campos, quien al principio no quiso atenderla porque tenía prisa. Por tal razón, la señora le dijo que interpondría una denuncia porque su hija había sido violada en ese lugar, por lo que el funcionario cambió su actitud y decidió recibirla “para saber qué había pasado”, pues supuestamente no estaba enterado del caso.
Ahí, Primo Reyes le “aconsejó” a W.P.C. no interponer una denuncia penal ante el Ministerio Público “pues desgraciadamente entre pacientes no se pueden hacer denuncias, pues como no están bien de sus facultades mentales, de todos modos las mandarán de nuevo al Psiquiátrico si los encuentran culpables del algún delito”.
Además, existe el riesgo de que las pacientes –o lo propios empleados- pudieran tomar represalias en contra I.C.P., pues ella en un futuro podría ser internada en ese hospital al sufrir otra crisis nerviosa.
Es decir, Reyes Campos –junto con los abogados de la Secretaría Estatal de Salud- persuadieron a W.P.C. para que se abstenga a denunciar, con la promesa de que ellos realizarían una investigación interna y que despedirían al personal que permitió que se cometiera el delito sexual.
Lo peor de todo, indicó la madre de la víctima, es que esas personas siguen trabajando en el hospital, a pesar de que el propio intendente confesó ante ella y su hija “que sí vio lo que había pasado, pero como no se quejaba pensé que lo estaba disfrutando”.
“El director Reyes me dijo que todo lo iban a manejar internamente, incluso mandó a buscar a las enfermeras, a los encargados del área jurídica, al administrador, y me prometió que iba a pedir que sacaran a los empleados implicados”, declaró.
Sin embargo ha pasado una semana y aún no le han informado cómo van las investigaciones, y que al parecer sólo interpondrían actas circunstanciales contra las tres enfermeras y el intendente que humillaron a I.C.P.
“Nos dijeron que los estaban investigando y que ya estaban suspendidos, pero luego nos enteramos por conocidos que trabajan en el hospital que ellos siguen ahí; queremos que los suspendan, porque si no van a seguir ocurriendo este tipo de casos”, señaló.
Los abogados de la Secretaría le dijeron “que dejen todo en sus manos”, que no se preocuparan porque todo se resolvería satisfactoriamente, y que esa gente ya no trabajará allá.
Además, lamentó que hasta el momento no ha podido entrevistarse con el secretario de Salud, Jorge Eduardo Mendoza Mezquita, quien –según le informaron- en esos días se encontraba fuera del país.
Por si fuera poco, Primo Reyes le dijo “que se trató de un hecho aislado”, que no se va a volver a repetir, y que los culpables van a recibir un castigo.
Pero, después de consultarlo con sus abogados, W.P.C. declaró que sí están considerando demandar a esos trabajadores del hospital ante el Ministerio Público, no sólo para sentar un precedente, sino también porque se han enterado de casos similares que ocurren cotidianamente en ese lugar, pero que los pacientes tienen miedo de denunciar.
Mientras tanto, I.C.P. señaló que lo único que quiere es justicia, “no que vayan a la cárcel, más bien que ya no trabajen ahí, que no puedan ejercer lo que estudiaron, pues no tienen ética ni moral, ya que se prestaron al morbo”.
Denunciarían, porque no confían que este delito se esclarezca internamente en la Secretaría de Salud, sobre todo porque están enterados de que los empleados alteraron sus declaraciones en el expediente del caso, pues argumentan que “la paciente tuvo relaciones sexuales consensuadas porque estaba deseosa de sexo”. (Herbeth Escalante)