La Canirac de Quintana Roo hizo un llamado a las autoridades a reconsiderar la aplicación de la ley.
Cancún, 19 de enero de 2019.- Cerrar filas para crear un frente común y ampararse contra la Ley sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Quintana Roo, el sector restaurantero del estado hace un llamado a las autoridades para revisar y echar atrás las modificaciones a la legislación por contravenir la Constitución y diversas leyes involucradas.
En este marco, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) de Quintana Roo, Juan Pablo Aguirre de la Torre, hizo un llamado a las autoridades a reconsiderar la aplicación de la ley e iniciar un diálogo real y no improvisado con el sector, debido a los vicios que presenta la Ley sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas de Quintana Roo.
Explicó que el análisis realizado por los despachos de abogados revela que contraviene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Datos Personales, la Ley Orgánica de Seguridad Pública y la Ley de Coordinación Hacendaria Federal, por lo cual piden también a la sociedad unirse a su inconformidad en busca de tener una legislación más funcional.
Dejó claro que en caso de recurrir al amparo a través de un despacho especializado, están convencidos de que ganarán el recurso, por lo cual reiteró el llamado a las autoridades a analizar la situación, pues la idea no es complicarle las cosas al estado, sino hablar y revertir la ley, pues a nadie le conviene que el tema escale.
En su oportunidad, recordó que el sector hizo un llamado a la XV Legislatura a aplazar su votación y establecer mesas de trabajo con el sector para analizar la afectación que tendría, ya que su aplicación podría ser utilizada para actos de terrorismo económico.
En representación de los 687 afiliados al organismo empresarial y los más de 10 mil establecimientos que hay en el estado, que en su conjunto generan más de 33 mil empleos, pidió establecer mesas para generar programas de fortalecimiento de la seguridad en vez de legislarla, así como la modificación de leyes transversales relacionadas con el tema.
De acuerdo con Aguirre de la Torre, la seguridad es un tema preocupante para el sector, pero no pueden responsabilizarse de la misma como se pretende, ya que la ley inhibiría el crecimiento de la industria turística y aplicada por personas mal intencionadas puede ser utilizada como un acto de terrorismo económico.
Además, reiteró que el sector está compuesto por un 90% de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), lo cual provocará que quienes registren un atentado se abstengan de denunciar los hechos para evitar perder su patente, lo cual resultaría contraproducente para combatir la inseguridad como se pretende.
En su momento, pidió también reconsiderar el tema de las horas extras, pues Quintana Roo es el único estado del país donde se cobra, ya que no están establecidas en la ley, por lo cual buscan una contrapropuesta para las autoridades basada en un paquete más justo para el sector, en la que el cobro sea de un salario mínimo por tres horas diarias sobre una base de operación de 12 horas.
Lo anterior, puntualizó, se traduciría en cuatro mil pesos mensuales, que es una cantidad más justa y accesible para el sector, considerando que no hay una contraprestación por el pago de dicha cantidad y permitiría acabar con la discrecionalidad en el cobro de acuerdo a las características del negocio. (Quequi).