Tortura en Yucatán, práctica impune, aseguran

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Activistas del grupo Indignación presentaron un informe sobre casos de tortura cometidos en los últimos años.

Mérida, Yucatán, 24 de marzo de 2014.- Integrantes del grupo activista de derechos humanos “Indignación”, presentaron un informe que documenta casos de tortura por parte de autoridades en Yucatán, asegurando que la característica principal de esta práctica “es la impunidad y que no se investiga”.

Dicho documento, al que denominaron “La celda de la amargura” y que puede descargarse por Internet, tiene el objetivo exigir al Gobierno del Estado  hacer efectiva la prohibición de la tortura en la entidad, según informaron en conferencia de prensa.

Indicaron que el informe incluye casos de tortura documentados por ellos mismos, obtenidos de testimonios de personas víctimas de tortura y de datos de la prensa, en donde resaltan “tratos crueles cometidos principalmente por policías estatales y municipales”.

El abogado Jorge Fernández Mendiburu, integrante del equipo Indignación, señaló que la característica principal de la tortura en Yucatán es la impunidad con la que se comete, y que ni las autoridades locales ni la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CODHEY)  investigan estos actos.

“Pero lo más preocupante es que la sociedad ha naturalizado la tortura, es decir, seguimos viéndolo como algo normal; no podemos permitir que bajo el argumento de que Yucatán es un estado seguro se siga minimizando la tortura”, agregó.

Por su parte, el padre Raúl Lugo, otro de los integrantes de este colectivo, dijo que se tiene que erradicar la “justificación facilona de que con una calentadita  confiesan los delincuentes”.

Los activistas señalaron que existe una “cifra oscura” de casos de tortura cometidos por autoridades policiacas y de seguridad que no se denuncian por temor, pero que se trata de una práctica sistemática que se viene cometiendo desde hace años.

El grupo Indignación enfatizó que Yucatán fue de los últimos estados a nivel nacional en tipificar la tortura como delito hace 11 años, y hasta ahora, ningún funcionario o agente policiaco ha sido sentenciado por cometer esta agresión o por encubrirla. (Herbeth Escalante)