Reanudan discusión sobre la ley que permite a la PGR ubicar celulares ligados al crimen.
MÉXICO, D.F., 15 de enero de 2014.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza fijar límites a las peticiones de la Procuraduría General de la República (PGR) y de procuradurías estatales para buscar en tiempo real un teléfono o dispositivo móvil que se vincule con actividad de la delincuencia organizada sin la necesidad de una orden judicial.
Durante el tercer día de debate se la discusión sobre el recurso de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de las reformas a la Ley de telecomunicaciones que permiten el rastreo de la señal de equipos móviles; ocho de los once ministros del Pleno están a favor del proyecto presentado por la Ministra Margarita Luna Ramos, el cual establece declarar la constitucionalidad de las normas.
Sin embargo, cuatro de los jueces del Máximo Tribunal solicita que se realice una interpretación conforme, es decir se establezcan condiciones para su aplicación; mientras cuatro Ministros más se inclinan por aprobar la propuesta de Luna Ramos tal y como fue presentada.
El Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea expuso a la Ministra Luna Ramos a través de una nota que, por lo general toda invasión al derecho a la privacidad requiere orden judicial.
Conforme a los criterios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de la Suprema Corte, sólo puede prescindirse de tal orden en los casos de urgencia; esto es cuando se pone en riesgo la vida o integridad física de las víctimas de delito, o bien, cuando exista riesgo de que se oculte o desaparezca el objeto del delito.
“Las normas impugnadas son constitucionales sí y sólo si, se interpreta que las mismas tienen aplicación únicamente en estos supuestos de excepción, lo cual deberá estar suficientemente motivado por la autoridad competente”, argumentó Zaldívar Lelo de Larrea.
Ante ello, la discusión sobre la llamada Ley de Geolocalización, basada en los artículos 133 quater del Código Federal de Procedimientos Penales, 16 fracción primera apartado a y 40 Bis, de la Ley federal de telecomunicaciones; se aplazó hacia el jueves, sesión en las que se discutirán las propuestas sobre la interpretación conforme.
A tomar en cuenta
El tema llegó a la SCJN debido a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó una acción de inconstitucionalidad contra la ley, argumentando que afecta la privacidad de los ciudadanos.
Los siete ministros que hasta ahora apoyan la ley son Margarita Luna Ramos —ponente—, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán, Aguilar, Franco y Zaldívar. Los tres que están en contra son José Ramón Cossío, Sergio Valls y Sánchez Cordero.
De mantenerse esas posiciones, el recurso de la CNDH se vendría abajo, ya que para que la SCJN declare inconstitucional una ley se necesitan los votos de al menos ocho de los 11 ministros. (El Economista/Vanguardia)