En Yucatán sólo se ha interpuesto una denuncia de este tipo ante la FEPADE
Mérida, Yucatán, 26 de noviembre del 2017.- Sólo una carpeta de investigación sigue abierta en Yucatán sobre violencia política de género, de las 24 que se interpusieron en el sureste del país ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) desde el 2013, de acuerdo a información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).
En su plataforma de Violencia Política de Género en la región sur-sureste de México, indica que los estados con mayor cantidad de denuncias al respecto son Oaxaca con ocho y Chiapas con siete, mientras que en Yucatán sólo hay una y en Campeche no se han interpuesto.
A su vez, Chiapas y Oaxaca son las entidades con mayor número de víctimas pertenecientes a comunidades indígenas. En la primera entidad, seis de cada siete mujeres que sufrieron este tipo de violencia pertenecen a alguna etnia.
Cabe mencionar que de las 24 carpetas de investigación, el 83 por ciento aún se encuentran en etapa de investigación y solamente el 4 por ciento se han judicializado.
De igual forma, del análisis de las carpetas se ha determinado que las presidentas municipales son las que más sufren violencia política. Le siguen las síndicas municipales y las regidoras. Las diputadas, capacitadoras electorales, candidatas y aspirantes suelen ser víctimas en menor medida.
La UNACH precisó que el único caso del que se tiene registro en Yucatán, representa el 4 por ciento del total de las denuncias interpuestas en la FEPADE en la región sureste del país.
Al respecto, la Maestra en Ciencia Política y Gobierno por la Universidad de Essex, en Inglaterra, Yunuel Patricia Cruz Guerrero, informó que en México este tipo de violencia se comenzó a visibilizar recientemente, por lo que no existen cifras certeras que permitan mostrar el panorama nacional de dicho fenómeno.
Entrevistada en Mérida, comentó que en el 2015 la FEPADE registró 83 casos de violencia política de género en el país, mientras que el año pasado fueron 120.
De cara al proceso electoral 2018, la especialista recalcó que es importante que la ciudadanía sepa que el derecho a participar en la toma de decisiones públicas del país es un derecho humano, “por lo que no hay argumento válido que limite o condicione la participación de la mujer”.
Añadió que por ello se debe difundir la labor de las instancias y mecanismos de denuncia de dicho tipo de violencia, entre ellos el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres 2017.
“Lo más importante para las precandidatas y candidatas que participarán el próximo año, es que sepan que existen los mecanismos, que no están solas, que lo que les ocurre no es un tema de vergüenza, que todas hemos enfrentado situaciones de violencia y que ellas al estar desde la mirada masculina, irrumpiendo en un espacio público, es muy probable que se vayan a enfrentar a situaciones complejas”, señaló.
Cruz Guerrero, quien impartió una conferencia en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC) hace unos días, recordó los casos más sonados de violencia política en México: “Las Juanitas” en el 2009, cuando diputadas de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión renunciaron para dejar en los cargos a suplentes varones; y el de Gisela Mota Ocampo, quien fue asesinada a balazos un día después de tomar posesión como alcaldesa de Temixco, en Morelos. (Lilia Balam)