Grupo Indignación firmó petición para cesar discursos que criminalizan su labor
Mérida, Yucatán, 31 de agosto de 2020.- Grupo Indignación, con sede en Yucatán, es una de las 1,500 organizaciones que firmó un pliego petitorio dirigido al Gobierno Federal para que deje de “estigmatizar” a los organismos que se oponen a la construcción del Tren Maya en el sureste de México.
En una rueda de prensa, colectivos y organizaciones de la sociedad civil firmantes sostuvieron que observan con enorme preocupación las declaraciones del presidente, Andrés Manuel López Obrador, emitidas en la conferencia matutina del 28 de agosto de 2020, que deslegitiman y estigmatizan públicamente el trabajo que realizan personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Recordaron que en dicho espacio, el Gobierno Federal presentó información de dominio público, apuntando que algunas organizaciones de la sociedad civil y un medio de comunicación recibieron fondos de fundaciones y organizaciones extranjeras “para oponerse a la construcción del Tren Maya”. A lo largo de la presentación de esta información, se calificó de “benefactores y opositores” a estas organizaciones, así como a sus fuentes de financiamiento.
Asimismo, el historiador y académico, Cristóbal León Campos, calificó como insultantes e injustas, las recientes declaraciones del Gobierno Federal criminalizando la labor del Equipo Indignación A.C., equiparándolo con ONG´S que reciben fondos del imperialismo estadounidense.
“Tampoco tengo duda de que muchas de esas organizaciones civiles actúan en México, pero, y que quede muy pero muy claro, de lo que sí tengo duda, es de que el Equipo Indignación sea una de esas organizaciones al servicio de intereses imperialistas y ultraconservadores”, puntualizó.
De la misma manera, en días pasados, diversas asociaciones, urgieron a las autoridades federales a que reconozca públicamente el papel fundamental que desempeñan las personas defensoras de derechos humanos y periodistas y condene las violaciones de los derechos humanos cometidas en su contra, así como cualquier intento por desacreditarles, relataron.
Puntualizaron que sin lugar a dudas, estos calificativos estigmatizan y criminalizan la labor de las organizaciones y el medio de comunicación señalado, al inferir que por recibir recursos de agencias internacionales, sus luchas y su labor de defensa de derechos humanos, así como su ejercicio de libertad de expresión, son ilegítimas.
Afirmaron que Indignación, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C., el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), entre otras, están siendo objeto de difamación y hostigamiento, por acompañar a personas defensoras de tierra y territorio ante las acciones de implementación del megaproyecto “Tren Maya”, y que viola sus derechos sociales, económicos, culturales y ambientales y de los pueblos y comunidades indígenas.
Recordaron que desde que López Obrador asumió la administración federal en diciembre de 2018, al menos 14 periodistas y 26 personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas.
Además, la organización internacional Global Witness colocó a México este año como el cuarto país más peligroso en el mundo para las personas defensoras del medio ambiente.
Bajo este contexto, enfatizaron que las declaraciones emitidas por el Ejecutivo Federal, no protegen, respetan, ni garantizan los derechos a defender derechos humanos y a la libertad de expresión, derechos consagrados en instrumentos y tratados internacionales de los que México es parte.
Por lo anterior, las personas, colectivas y organizaciones firmantes solicitaron al Gobierno Federal y gobiernos locales:
Cesar discursos y acciones que estigmatizan y criminalizan la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, realizando una disculpa pública y rectificando las declaraciones estigmatizantes efectuadas en la conferencia de prensa del viernes 28 de agosto.
Generar espacios adecuados de diálogo abierto con las organizaciones de derechos humanos quienes defienden los derechos de los pueblos y comunidades afectadas por la violación a sus derechos humanos por la implementación de megaproyectos.
Posibilitar una discusión pública sobre temas de interés social y adoptar un discurso a favor del pluralismo y crítica, en los medios de comunicación. Estas acciones, favorecen la libertad de expresión y contribuyen a prevenir cualquier tipo de violencia contra quienes ejercen el periodismo.
Javier Escalante Rosado