Víctimas y ONG lanzan campaña para combatir la impunidad y evitar más casos.
México, DF. 06 de mayo de 2014.- La tortura sexual contra las mujeres –ejercida por elementos policiacos o castrenses– no es casual, se trata de un tipo de violencia «estructural ejercida por el Estado», señalaron integrantes de organizaciones de derechos humanos y víctimas sobrevivientes de este tipo de abusos.
Javier Hernández Valencia, representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló que la tortura en forma de violencia sexual contra las mujeres «no es un desliz o un error. Ninguna autoridad se equivoca cuando viola a una mujer, cuando ejerce violencia sexual contra una mujer».
Durante la conferencia en la que se presentó la campaña Rompiendo el silencio todas juntas contra la tortura sexual, en el contexto de los ocho años de impunidad por los abusos sexuales sufridos por 47 mujeres durante el operativo policiaco en San Salvador Atenco, en mayo de 2006, el funcionario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indicó que de acuerdo con el informe más reciente (2012) sobre violencia y homicidios de la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito, América Latina es la región continental más violenta del mundo. Ese reporte asienta que México y Centroamérica son la segunda subregión con mayor violencia, sólo después de la sudafricana. Parte de esta problemática, dijo, afecta en gran parte a las mujeres.
«Cuando sobreviven a la tortura no tienen condiciones naturales para obtener justicia. Reman contracorrientes estructurales de violencia e impunidad. (Por ello la) necesidad imperiosa de seguir levantando la voz por quienes murieron y por quienes sobrevivieron», planteó.
Se cumplen ocho años del operativo en San Salvador Atenco
En la rueda de prensa, que se realizó en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, se informó que la campaña Rompiendo el silencio… es una iniciativa de las 11 mujeres sobrevivientes a la tortura sexual durante los operativos en Atenco que mantienen una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debido a la impunidad en la que se encuentra el caso, pues no hay un solo detenido por esos delitos.
El proyecto busca generar lazos de solidaridad con casos similares, para que las víctimas de este tipo de violación a sus derechos levanten la voz y lo denuncien con el fin de mostrar «el patrón sistemático de la tortura sexual que enfrentan las mexicanas que son detenidas por agentes policiales, militares o marinos».
El objetivo es evidenciar que la tortura y la represión contra ellas representan un mecanismo de control que ejecuta el Estado. Algunas de las víctimas señalaron que en el país decenas de mujeres han sido sometidas a estos maltratos. «Aunque nuestros casos son distintos, cuando lo narramos parece que nos hubieran detenido y torturado las mismas personas, lo que demuestra que se trata de una estrategia».
A la iniciativa se han sumado las mujeres indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, torturadas sexualmente por militares en Guerrero en 2002, y cuyo caso fue resuelto con una sentencia contra el Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así como Claudia Medina (violentada en Veracruz en 2012 por marinos), Miriam López (torturada en 2012 por militares en Baja California) y Verónica Razo (agredida por elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación en el Distrito Federal en 2011), a las tres se les obligó a firmar confesiones de supuestos delitos ligados con el crimen organizado y fueron enviadas a prisión, aunque las dos primeras ya fueron liberadas.
Arturo Ávila, de Amnistía Internacional (AI) México, indicó que en el país la tortura sigue siendo una práctica recurrente y generalizada, y las autoridades sólo hablan de compromisos pero la justicia sigue pendiente.
«La impunidad es el principal obstáculo para combatir esta tragedia. Es la garantía de repetición para esta gravísima violación a derechos humanos. Desde AI respaldamos esta campaña y nos sumamos al reclamo de justicia de las víctimas». (La Jornada)