La magistrada electoral Lissette Cetz Canché negó que se afectará la imparcialidad en las elecciones, pues no se permitirá la coacción del voto.
Mérida, Yucatán, 07 de abril de 2015.- La magistrada del Tribunal Electoral de Yucatán, Lissette Cetz Canché, justificó la sentencia que este órgano colegiado aprobó hace unos días, la cual permitirá que los gobiernos entreguen apoyos y realicen programas durante las campañas, pues aseguró “que en ningún momento se autorizó que se coaccione el voto a cambio de estas entregas”.
Recordó que sentenciaron a favor de una apelación al punto de acuerdo tercero del Acuerdo General 019 del 2015, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC), relacionado con las reglas de neutralidad del proceso electoral, bajo el argumento de que los programas gubernamentales “deben de continuar en beneficio de la sociedad”
Lo interesante de esta controversia, es que fue el nuevo partido político Encuentro Social (PES) –el cual va en candidaturas comunes con el PRI en Mérida- el que impugnó este acuerdo, a fin de que los gobiernos puedan seguir con estas actividades en plena veda electoral.
Cetz Canché negó que con esta situación se atentará contra la imparcialidad en las campañas electorales, pues sostuvo que dichos programas o apoyos gubernamentales no deben utilizarse para coaccionar el voto.
Sobre la resolución que tomaron los magistrados, señaló que “no hay ninguna disposición legal para impedir que los servidores públicos lleven a cabo los actos que su propia naturaleza se tienen que realizar en los tres órdenes de gobierno, mucho menos prohibir que participen activamente en la entrega de bienes y servicios a los gobernados, ya que ello podría atentar contra el desarrollo y el correcto desempeño de la función pública”.
Agregó que los funcionarios públicos están obligados a cumplir con estas actividades y programas -sin importar si son tiempos de proceso electoral o no- en beneficio de la población.
“Nosotros decimos que la función pública debe de continuar, sin coaccionar el voto, en ningún momento planteamos que se entreguen apoyos a cambio de votos; únicamente decimos que sí se tienen que realizar estas actividades (gubernamentales) aun estando en proceso electoral, siempre y cuando no vayas a coaccionar el voto a favor de fulano o perengano, y de esa manera se quebrante la imparcialidad con la que se deben de conducir”, explicó.
La magistrada se justificó asegurando que los programas gubernamentales se establecieron desde un año anterior, es decir, se debe de ejercer el presupuesto asignado para éstos.
“No interesa el proceso electoral cuando ya está presupuestado, ahí están inmersos todos los programas federal, estatal y de los ayuntamientos, y si el funcionario no los lleva a cabo, ahí sí puede caer en irregularidades, ¿pues dónde va a acabar ese dinero?, y no habrá beneficio a la sociedad”, agregó.
Cabe mencionar que tanto Cetz Canché como Fernando Bolio Vales, magistrados que sentenciaron esta resolución, fueron consejeros electorales en el extinto IPEPAC, y aprobaron en elecciones electorales pasadas que precisamente los gobiernos no entreguen apoyos ni programas durante las campañas.
Al respecto, dijo que “el hecho de que un acuerdo nunca se haya impugnado no quiere decir que no pueda ser objeto de impugnación”, además recalcó que todo proceso electoral es totalmente diferente y pueden existir nuevas reglas.
La magistrada hizo un llamado a que no se malinterprete esta situación, pues “en ningún momento nosotros decimos que a diestra y siniestra se entregue tal acción, hay sus limitantes también”.
Sostuvo que los funcionarios están obligados tanto a entregar apoyos y ejercer programas gubernamentales, pero al mismo tiempo acatar la imparcialidad en el desempeño de sus cargos, y no aprovecharse de éstos para coaccionar el voto.
“La función pública debe continuar, los programas establecidos debe seguir siempre, pero mucho cuidado, sin pedir el voto, ni mucho menos atentar contra la imparcialidad de ninguno de los contendientes”, añadió en entrevista para Desde el Balcón.
Dijo que la resolución del Tribunal Electoral de Yucatán se tomó en base a razonamientos legales y jurídicos, y que incluso existe jurisprudencia del TRIFE, es decir, “que se ha permitido en otros lados”
“Que no se mal interprete esta situación, son programas que se deben de dar por naturaleza misma en beneficio de la sociedad, pero mucho ojo, sin que se violen los principios rectores como la legalidad”, reiteró.
Dijo que tuvieron mucho cuidado al momento de ejecutar esta sentencia, sin intención de afectar la democracia en el actual proceso electoral, “sino no hubiera salido por unanimidad”. (Herbeth Escalante)