Tolera impunidad y corrupción, documenta el Departamento de Estado de EU.
Nueva York, 28 de febrero de 2014.- El capítulo de México del informe anual del Departamento de Estado sobre derechos humanos en el mundo, presentado hoy, reporta una larga lista de abusos por autoridades militares y policiacas, incluyendo homicidios, tortura y desapariciones, junto con «amplia impunidad y corrupción», sobre todo en los ámbitos estatal y local, en las fuerzas de seguridad y en el Poder Judicial.
El informe señala que «aunque las autoridades mantuvieron control efectivo sobre las fuerzas de seguridad, hubo instancias donde elementos de éstas actuaron independientemente del control civil y cometieron abusos a los derechos humanos».
El extenso capítulo sobre México del informe Reportes por país sobre prácticas de derechos humanos 2013, emitido también hoy aborda un amplio abanico de violaciones a los derechos humanos documentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y otras fuentes, que incluyen secuestros, condiciones inhumanas en prisiones, arresto arbitrario, confesiones obtenidas mediante tortura, amenazas y violencia contra defensores de derechos humanos, así como contra homosexuales, violencia contra mujeres, secuestro, robo y abuso de migrantes, tráfico humano, discriminación social y económica contra comunidades indígenas y explotación laboral de menores de edad.
Subraya que pese a algunos arrestos por corrupción, «la amplia impunidad por abusos a derechos humanos por oficiales permaneció como problema en las jurisdicciones civil y militar».
El capítulo aborda por rubro estas violaciones a derechos humanos. En torno a la privación de la vida –homicidio– señala que «las fuerzas de seguridad mataron a varias personas de manera arbitraria o ilegal, frecuentemente con impunidad». Informa que se promulgó la Ley General de Víctimas para ofrecer asistencia a quienes sufrieron por la violencia del crimen organizado o por autoridades federales. Detalla algunos casos, como el ocurrido el 18 de marzo del año pasado, cuando elementos de Ejército supuestamente torturaron y mataron a Alfredo Ruiz Rojas, y a un estudiante de 15 años de edad, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Refiere que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas emitieron un informe conjunto afirmando que las víctimas perecieron en una balacera con fuerzas de seguridad, pero las pruebas parecían contradecir la versión oficial, ya que Ruiz Rojas mostró señales de severa tortura antes de morir.
También resalta la muerte de tres activistas políticos en el estado de Guerrero, cuyos cadáveres fueron encontrados el 3 de junio; cinco de sus compañeros, que lograron escapar de sus secuestradores, acusaron al alcalde de Iguala como responsable del asesinato. Además, destaca el asesinato de varias figuras políticas en Oaxaca, incluyendo dos alcaldes, así como dos legisladores locales, uno de Oaxaca y otro de Michoacán.
En el rubro de desapariciones, el informe indica que hubo múltiples quejas de desaparición forzada realizadas por el Ejército, la Marina y la policía, la mayoría ocurrió en el curso de operativos de seguridad. Agrega que la Secretaría de Gobernación reportó que 26 mil 121 individuos habían desaparecido entre 2006 y 2012. La CNDH reportó que hay por lo menos 7 mil cuerpos no identificados de personas asesinadas entre 2006 y 2012 que están en depósitos de cadáveres o fosas comunes.
El rapto “permaneció como un problema serio (…) para personas de todos los niveles socioeconómicos, y había informes creíbles del involucramiento de policías en los secuestros”. Entre los casos que se menciona, está el del bar Heaven, así como casos de plagio de migrantes.
El informe refiere las más de mil quejas ante la CNDH de trato cruel, más otras 25 sobre tortura, y afirma que “hubo reportes frecuentes de ciudadanos y extranjeros golpeados, sofocados, torturados con shock eléctrico, violados y amenazados de muerte bajo custodia de autoridades que los habían arrestado”.
Sobre arrestos o detención arbitraria, el informe registra que la CNDH recibió casi mil 500 quejas sobre esta práctica en 2013, y que las fuerzas de seguridad pública han sido acusadas de esto en múltiples instancias.
En los rubros de libertades civiles, indica que generalmente el gobierno respetó la libertad de expresión y prensa. Pero, añade que muchos periodistas han sido víctimas de amenazas y violencia emanadas en gran parte del crimen organizado, y que muchos informan que practican la autocensura al cubrir hechos de la delincuencia, sobre todo si incluye vínculos corruptos con oficiales y funcionarios. De hecho, cita a organizaciones de protección de periodistas que reportan decenas de casos de intimidación, más por policías que de la delincuencia organizada.
En torno al derecho de asamblea, refiere que hubo casos de uso excesivo de fuerza por las fuerzas de seguridad contra manifestantes, incluyendo las protestas para la toma de posesión del Presidente, en diciembre de 2012.
Sobre el respeto a derechos políticos, el informe elogia el proceso electoral. En el rubro de corrupción política y falta de transparencia, el documento señala que el gobierno no aplica la ley contra la corrupción de manera «efectiva», señalando múltiples informes que señalan prácticas corruptas impunes de funcionarios. Cita un sondeo de Transparencia Internacional, en 2013, que registra que un tercio de los ciudadanos reportan haber pagado sobornos a funcionarios públicos en el año anterior. El sondeo también registró altos niveles de percepción de corrupción en el ámbito público: 91 por ciento percibe como corruptos a los partidos políticos; 90 por ciento piensa eso de la policía; 87 por ciento opina lo mismo de funcionarios y servidores públicos, 83 por ciento cree que es corrupto el Congreso, y 80 por ciento opinó que lo mismo pasa la rama judicial. Más de 70 por ciento opina que el nivel de corrupción en el país se había incrementado en los dos años recientes.
El documento indica que el gobierno mexicano no protegió de manera consistente los derechos laborales y que hubo “fracaso general para aplicar la ley laboral (…) dejando pocas opciones para los trabajadores ante violaciones de la libertad de posiciones, condiciones laborales y otros problemas”. Agrega que el gobierno «fracasó» en abordar «la falta seria de transparencia» en torno a los sindicatos. Aún más, acusa que el proceso para el reconocimiento de sindicatos fue «politizado» por el gobierno, empleando a veces el proceso para «premiar a aliados políticos o castigar a opositores». Indica que la existencia de sindicatos de protección (blancos) continuó como problema en todos los sectores. (La Jornada)