Yucatán continúa criminalizando la interrupción del embarazo
Mérida, a 25 de noviembre de 2024.- Organizaciones feministas exigieron al Congreso del Estado incluir en el próximo periodo de sesiones la despenalización del aborto.
El pasado 22 de agosto, la Suprema Corte de Juticia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de Yucatán derogar los artículos del Código Penal que criminalizan el aborto en Yucatán.
Cabe señalar que la despenalización del aborto en Yucatán se logró con cuatro votos a favor y uno en contra, con los cuales se determinó otorgar la protección de la ley a la asociación civil “Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva”, luego de que impugnó los artículos 389, 390, 392 y 393 del Código Penal.
De acuerdo con estas agrupaciones, la penalización del aborto es una forma de violencia estructural que perpetúa la desigualdad y niega el acceso a servicios de salud seguros y dignos.
“Exigimos al Congreso del Estado discutir en el próximo periodo de sesiones las iniciativas para la despenalización del aborto en Yucatán, recordando que mantener el delito de aborto en el Código Penal del Estado perpetúa la discriminación basada en el género”, señaló María Paula Balam Aguilar, directora ejecutiva del Centro por la Justicia, Democracia e Igualdad (Cejudi).
Afirmó que la omisión del Poder Legislativo vulnera el derecho a decidir a la autonomía corporal y la vida digna de todas las mujeres, hombres trans, personas no binarias y todas aquellas con capacidad de gestar”, expresó.
Explicó que la despenalización del aborto es una opción para interrumpir el embarazo si así es nuestra decisión, y tiene que ver con la posibilidad de que las mujeres puedan romper el estigma social y cultural que hay en esta materia.
“La despenalización del aborto representa una deuda histórica que se debe saldar de manera urgente y no daremos ni un paso atrás hasta que se deje de criminalizar”, afirmó.
Manifestó que no obstante los avances a nivel nacional y las sentencias emitidas por la SCJN que reconocen el derecho a decidir, en Yucatán persisten disposiciones que criminalizan el aborto.
ALEJANDRO RUVALCABA