Se enciende «luz de alerta» sobre la forma de operación de los módulos.
México, DF. 29 de marzo de 2014.– En el informe de la Contraloría General del Instituto Federal Electoral (IFE), que integra un balance de la gestión de Gregorio Guerrero al frente de esa instancia, destaca que en el periodo 2008-2012 el instituto ha sobrepresupuestado su nómina por un total global de mil 388 millones de pesos. «Se ha detectado el exceso en las solicitudes de plazas presupuestales que no corresponden a las necesidades reales», que de forma permanente se reportan como ahorros.
De acuerdo al documento que se presentó en la sesión del Consejo General del instituto, la Contraloría destaca que en este periodo se detuvieron dos polémicas decisiones de la gestión de Leonardo Valdés como presidente del IFE: el incremento salarial a los consejeros y la utilización ilegal que pretendía hacer el instituto de los 348.3 millones de pesos por concepto de ahorros de 2011 para el siguiente año, lo que implicó, tras dirimir el diferendo de criterios, que el IFE devolviera 367.3 millones, incluidos los intereses devengados.
El documento del contralor señala que la oposición que en su momento se tuvo para que se incrementaran los salarios de los consejeros a partir de 2009 –que pretendían homologarlos con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que suponía casi doblar el salario–, le implicó al instituto un ahorro de 91.8 millones de pesos, en términos brutos.
Vinculado a ello, el reporte de los 6 años de gestión enfatiza uno de los puntos que más diferendos involucró entre el área administrativa del IFE y la Contraloría: el presupuesto del capítulo 1000 (servicios personales). Entre 2008 y 2013, de los montos aprobados por el Congreso al IFE, éste presupuestó gastar en nómina 24 mil 647 millones de pesos, sin embargo, en realidad en ese aplicó en este rubro periodo 23 mil 259 millones de pesos, es decir, mil 388 millones menos.
El seguimiento dado por la Contraloría a esta tendencia a la sobrepresupuestación salarial reporta que: en 2008, el IFE «ahorró» en salarios 208 millones de pesos; en 2009, 276 millones; en 2010, 433 millones; en 2011, 307 millones y en 2012, 129 millones de pesos.
Por lo que hace a 2013, la Contraloría señala que el IFE no ejerció recursos por 706.8 millones de pesos, de los cuales sólo 189.5 millones fueron devueltos a la Tesorería de la Federación: 235 millones se reasignaron al Fideicomiso para atender el fondo laboral y 289 millones más se destinaron al Fideicomiso para el Programa de Infraestructura Inmobiliaria.
Reintegros por mil 717 mdp
Asimismo, el informe de gestión señala que entre 2008-2013 se sancionaron a 239 servidores del IFE, de los cuales 34 fueron destituidos, 155 inhabilitados y 24 suspendidos, entre otros. Asimismo, se impusieron 30 sanciones económicas por un monto global de 178 millones de pesos.
Finalmente, otro aspecto relevante del desempeño de la Contraloría en este periodo (Guerrero concluye su encargo al finalizar abril) es el saldo de las auditorías financieras y de obra pública, practicadas por la Subcontraloría de Auditoría, pues durante el periodo de 2008 a 2013 se obtuvieron reintegros por mil 717 millones de pesos.
Genera críticas informe sobre el avance en la transición administrativa hacia el INE
Durante la sesión del Instituto Federal Electoral (IFE) en la que se rindió el informe sobre el avance en la transición administrativa hacia el nuevo instituto nacional electoral (INE), el PAN denunció inconsistencias importantes en el procesamiento de la credencial de elector. Censuró que el documento que el propio IFE considera que debe ser la identificación oficial de los ciudadanos, contiene inconsistencias en los datos de la Clave Única de Registro Poblacional (CURP).
El representante panista Rogelio Carbajal dijo que existe el debido cuidado para corregir información importante que debe contener la credencial a pesar de que, puso como ejemplo su caso, notificó al personal del módulo los errores en su CURP.
Destacó que tampoco se informa debidamente al ciudadano sobre la posibilidad de incluir de forma codificada su domicilio para proteger datos personales.
En medio de una sesión en la que se presentó el informe que daba cuenta de una operación eficaz del IFE, en vísperas de su desaparición, ante la crítica panista el consejero Marco Antonio Baños reconoció que ambas situaciones deben encender la «luz de alerta» sobre la forma de operación de los módulos.
Sin embargo, puntualizó que sin eximir de responsabilidad al IFE, los datos de la CURP involucran a otras instancias del gobierno federal que aportan la información y recordó que en un principio, cuando se acordó la incorporación, se tenía información que había 160 millones de CURP cuando la población sobrepasaba apenas los 100 millones.
En torno al informe sobre la transición, el consejero presidente del IFE, Benito Nacif, dijo que el compendio de información financiera, administrativa, laboral y de los procesos legales, «busca hacer que el cambio de estafeta sea más expedito». El reporte incluye además el estado de avance de los proyectos y los programas institucionales.
Al respecto, el consejero, Lorenzo Córdova destacó que el documento no sólo comprende un reporte sobre la situación administrativa, sino que contempla, además, «una reconstrucción de la vida institucional que el IFE ha tenido a lo largo de 23 años», por lo que estimó que el informe es una «memoria institucional».
Sin embargo, la presentación del informe no estuvo exenta de críticas, las cuales provinieron del petista Pedro Vázquez y el perredista Camerino Márquez. El PT cuestionó el capítulo relacionado con las partidas destinadas a servicios personales y las inconsistencias registradas; el saldo de proveedores-acreedores; el uso de los recursos de los fideicomisos de pasivo laboral y de infraestructura inmobiliaria, pues «nunca se informa cuál es la finalidad de dichos fondos ni tampoco por qué en 2013 el fondo del pasivo laboral registró una disminución».
En respuesta, el secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, enfatizó especialmente en en lo concerniente al capítulo 1000 y el desfasamiento que existe entre el pago real de la nómina con las plazas presupuestadas: «hablamos de más de 16 mil plazas con que cuenta el IFE, de las cuales 600 están vacantes, es decir, 3.5 por ciento, aproximadamente, que estuvieron vacantes y se vuelven a contratar. Es una nómina obviamente dinámica». (La Jornada)