El sector salud de Yucatán no está exenta de la violencia obstétrica, reconocen
Mérida, Yucatán, 29 de noviembre de 2017.- En el marco del foro Bienestar Obstétrico que convocaron las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, se informó que en México el 33.4% de las mujeres que tuvieron trabajo de parto reportaron que vivieron situaciones de maltrato y que el 10 % de las que se les practicó cesárea, señalaron que desconocían si realmente el procedimiento quirúrgico era necesario.
En la inauguración, el Secretario Ejecutivo y encargado de la Presidencia de la CODHEY, Miguel Óscar Sabido Santana destacó que sentirse seguro es un derecho fundamental para el desarrollo de todo ser humano, por lo que su seguridad deberá estar garantizada desde su vida en el vientre materno de tal manera que sus expectativas de vivir dignamente sean las mismas que para cualquiera de nosotros.
Por su parte, la Directora General del Programa de Asuntos de la Mujeres y de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Elsa Conde Rodríguez, recordó que la violencia obstétrica es un tipo específico de violación de los derechos de las mujeres que incurre tanto en la práctica médica pública, como en la privada, durante la atención médica relacionada con el embarazo, parto y posparto.
La Especialista citó un estudio de la Organización Mundial de la Salud publicado en 2016, en el que se señala que dos de cada tres cesáreas que se realizan en México son innecesarias.
Además, de acuerdo a las estadísticas de la Secretaría de Salud de 2015, en el país 45 de cada 100 nacimientos son por cesárea, cifra que triplica el máximo recomendado por la OMS y coloca a México entre los diez países del mundo con mayor tasa de estos procedimientos médicos.
Otro dato señalado por la representante de la CNDH y que se desprende de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2016, que incorporó por primera vez tema de violencia obstétrica, fue que del 10.3% de las mujeres a las que se les practicó parto por cesárea sin saber si era realmente necesaria, el 9.7% no autorizaron el procedimiento.
Conde Rodríguez precisó que la creciente atención por alcanzar el bienestar obstétrico de las mujeres, como parte de la defensa y promoción de sus derechos, ha creado oportunidades para poner de relieve las ineficiencias institucionales y las desigualdades sociales, por lo que se requieren reformas más amplias de las que se tienen actualmente.
En su intervención, el Secretario de Salud de Yucatán, Eduardo Mendoza Mézquita dijo que la violencia hacia la mujer es un problema de salud pública y el sector que representa no está exento de esta práctica.
Destacó que el personal que brinda servicios en las instituciones públicas de salud que se aleje del bienestar obstétrico que merecen todas las pacientes, debe ser sancionado.
El funcionario pidió no generalizar y señalar a todo el Sector Salud como “promotor de la violencia obstétrica”, ya que estas situaciones si bien se presentan en algunos casos, pueden ser atribuibles al exceso de trabajo de personal, así como a algunos servidores que se desvían del objetivo de su profesión.
Explicó que un estudio realizado al personal de Sector Salud de Yucatán, reveló que es en el área de urgencias y ginecoobstetricia, donde el personal reporta más estrés y problemas de salud mental, derivados de las situaciones que enfrentan todos los días y de la cantidad de pacientes que atienden.
En el foro, se presentó la Recomendación General 31/2017 de la CNDH, donde se señala que los derechos humanos que con mayor frecuencia se transgreden durante el embarazo, parto y puerperio son: a la protección a la salud, a una vida libre de violencia, a la información y al libre consentimiento informado, a la libertad y autonomía reproductiva, a la igualdad y no discriminación, a la integridad personal, y a la vida. La mesa contó con los comentarios de la Presidenta de Unasse, Sandra Peniche Quintal.
También se presentó la Recomendación General de la CODHEY 07/2015, fundada en 26 quejas sobre violencia obstétrica que condujeron a la muerte de cinco mujeres y nueve bebés. Se emitió debido a prácticas médicas y administrativas que constituyen violaciones a los derechos humanos de las mujeres durante la atención del embarazo, parto y puerperio, así como acciones y omisiones que generaron deficiencias en la atención de niñas y niños recién nacidos en los hospitales y clínicas del Sistema de Salud Público en el Estado de Yucatán.