Acuerdan legisladores de PRI y PRD impulsar iniciativa para derogar la disposición.
México, DF. 17 de mayo de 2014.- Tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, PRI y PRD están de acuerdo en impulsar una iniciativa para derogar la fracción 31 del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que se introdujo a última hora en la discusión de la legislación secundaria de la reforma política, que otorgaría pensiones vitalicias a los magistrados electorales.
El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, informó que su bancada presentará la propuesta de derogar ese ordenamiento, el miércoles próximo, cuando deberían estar promulgadas las cinco leyes reglamentarias en materia político-electoral, que se aprobaron la víspera. La intención es que se vote en el próximo periodo extraordinario, programado para principios de junio, detalló.
Por separado, los coordinadores del PRI en San Lázaro y en el Senado, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa Patrón, expresaron su disposición a eliminar ese artículo.
En un comunicado, Gamboa Patrón rechazó que hubieran actuado de mala fe o engañado a las demás fuerzas políticas; insistió en que lo aprobado en el Senado no autoriza la pensión vitalicia a magistrados, y manifestó su disposición «para atender y procesar cualquier iniciativa que se presente sobre el tema y despejar cualquier duda».
Igualmente, Beltrones reconoció que algunos puntos generaron polémica en el proceso de aprobación de las leyes general de instituciones y procedimientos electorales y general de partido políticos, y estos se habrán de atender «muy pronto».
Dijo que la intención es evitar que «unos pocos temas, que son los que se encuentran en el debate, intenten ocultar los avances» logrados en la nueva legislación, que permitirán contar «con nuevas reglas electorales para comicios más transparentes y democráticos».
En otra entrevista, Barbosa comentó que ya preparan la iniciativa y que la intención es presentarla el próximo miércoles que sesiona la Comisión Permanente. Se requiere, explicó, que el presidente Peña Nieto ya haya promulgado la ley reglamentaria político-electoral –se espera que lo haga entre lunes y martes– ya que se trata de derogar uno de los ordenamientos en ella incluidos.
Reveló que el tema lo discutió con el priísta Emilio Gamboa, quien estuvo de acuerdo en ello, tal como se desprende del comunicado que más tarde hizo público. Expuso que el artículo de la controversia, el 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, donde se faculta al comité de administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de decidir sobre «los haberes de retiro» de los magistrados fue introducido por uno de los representantes del gobierno federal.
Al respecto, el vicecoordinador de los perredistas en San Lázaro, Miguel Alonso Raya, expuso que la adición fue obra de senadores y del consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos. Se introdujo «mañosamente» en el dictamen para conformar un régimen especial pensionario de privilegio como el que gozan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
El diputado perredista sostuvo que la intención es que los magistrados electorales reciban una pensión vitalicia, como la de los ministros, quienes después de 11 años de servicio cuentan con cien por ciento de sus ingresos totales en el primer año de retiro, y 80 por ciento en los subsecuentes”.
Silencio en el tribunal
El senador del PAN, Javier Corral Jurado, consideró que fue «ominoso» el silencio que hasta ayer guardaron los magistrados del TEPJF sobre esa pensión vitalicia que pretenden obtener. «Es delicado, sobre todo cuando tienen pendientes de resolver, desde hace más de un año, dos casos importantísimos, como son el de Monex y el rebase de topes de campaña de Peña Nieto».
Además de que el Congreso debe rectificar, dijo, es necesario abrir una discusión objetiva y transparente sobre el alcance de esa pretensión de contar con un haber de retiro. De entrada, dijo, hay que discutir cuánto ganan y si realmente requieren una pensión vitalicia, a partir de ese argumento de que no pueden trabajar en el sector público sino hasta dos años después de concluir su encargo en el tribunal.
El senador Alejandro Encinas Rodríguez consideró que se debe eliminar ese privilegio indebido para los magistrados, que ganan 4 millones 206 mil pesos al año, de los cuales 2 millones 601 mil 900 pesos son de sueldos y salarios; 866 mil 353 en prestaciones y 737 mil 718 por un «bono de riesgo». (La Jornada)