A pesar de la ley docente prohíbe los pagos a maestros que no dan clases, la SEP les sigue pagando a 39 profesores disidentes un promedio de 31 mil pesos mensuales.
México, DF. 07 de mayo de 2015.- Durante el primer trimestre del año, al menos 39 integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) -quienes participaron como negociadores con las Secretarías de Gobernación, Educación y Hacienda- cobraron 3 millones 713 mil 963 pesos, a pesar de que la Ley General del Servicio Profesional Docente lo prohíbe. Lo anterior significa que cobran, en promedio, 31 mil pesos cada mes.
El artículo 78 de dicha Ley -que entró en vigor el 10 de septiembre de 2013- precisa que quienes decidan desempeñar un empleo, cargo o comisión que les impida cumplir con su trabajo como profesores, deberán dejar las aulas y también dejarán de percibir su sueldo como maestros.
Sin embargo, según los registros del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (Fone) -la bolsa de recursos mediante la cual el gobierno federal administra el pago de la nómina magisterial- en el primer trimestre del año los 39 maestros cobraron un total de 3 millones 713 mil 963 pesos.
Debido a que la SEP es la encargada de integrar y empatar que cada plaza corresponda a una persona, la cual contará con un nombramiento oficial como docente, este diario buscó a la Dirección General de Comunicación Social de la SEP para preguntarle a la dependencia por qué siguen cobrando los dirigentes sindicales de la CNTE. Hasta el cierre de esta edición no habían respondido.
Reforma inconclusa
Con la creación del Fone, el gobierno federal pretendía limpiar la nómina magisterial de prácticas poco transparentes, como el pago de comisionados y aviadores o el uso de los recursos destinados para operar la educación en los estados para fines distintos.
Empero, los nombres y rúbricas de estos 39 profesores de la disidencia están asentados en ocho de las 18 minutas que dan cuenta de las negociaciones que desde 2013 han llevado a cabo con los gobiernos federal y de Oaxaca, Guerrero y Michoacán.
En los documentos aparecen las firmas de funcionarios, como el subsecretario de Gobierno de la Segob, Luis Enrique Miranda Nava; del gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Oaxaca; del entonces mandatario de Michoacán, José de Jesús Reyna, y del actual titular del Ejecutivo de Guerrero, Rogelio Ortega.
Las minutas, documentos y compromisos también los firmaron los integrantes de la “élite” de la CNTE, como los dirigentes de la sección 22 de Oaxaca Rubén Núñez Ginéz, 18 de Michoacán Juan José Estrada Madrigal, 14 de Guerrero Ramos Reyes Guerrero y 7 de Chiapas Daniel López.
Entre mayo de 2013 y marzo de 2015, representantes del gobierno federal se reunieron 170 veces con negociadores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) provenientes de 13 entidades: Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Sonora, Durango, Estado de México, Veracruz, Guanajuato, Morelos, San Luis Potosí, Tlaxcala y el Distrito Federal.
Los acuerdos
En las 17 minutas firmadas entre el 8 de mayo de 2013 y el 18 de marzo de 2015, las secretarías de Gobernación, Educación y Hacienda y los gobiernos estatales reconocieron beneficios a los profesores disidentes de Guerrero, Oaxaca y Michoacán, como parte de las negociaciones de las leyes secundarias de la reforma educativa en septiembre de 2013: las plazas de “todos” sus agremiados con función o no frente a grupo, las “conquistas sindicales” de la CNTE y prestaciones laborales.
Por ejemplo, en el documento firmado el 16 de junio de 2013, la sección 18 de la CNTE de Michoacán obtuvo que se incluyeran “irrestrictamente a todos y cada uno de los trabajadores de la educación cuya plazas transfirió la federación a los estados (en 1992), así como las plazas federalizadas correspondientes a años anteriores”; a ese mismo acuerdo llegó la sección 22 el 27 de mayo de 2014.
En la minuta firmada el 5 de mayo de 2013 se especifica que los maestros participarán en el diseño de las evaluaciones, conservarán los derechos adquiridos, que obtendrán incentivos si “muestran un buen desempeño” y que las autoridades no podrán “designar nuevos maestros de manera discrecional”.
En la minuta del 27 de mayo, Segob acordó con la sección 22 que se deberán respetar los salarios de los profesores y que sus cambios de adscripción se darán sólo tomando en cuenta la opinión del profesor; además, la dependencia se compromete a no remover ni cambiar de su centro de trabajo ni en las funciones que venía realizando.
La LGSPD señala que los profesores que reprueben tres veces la evaluación de su práctica para la permanencia en el servicio profesional docente (que comenzará a aplicarse a partir de septiembre de este año) serán removidos de sus funciones frente a grupo, hacia otras áreas administrativas.
“Todo el personal que al 11 de septiembre de 2013 que ostentara clave docente con función no docente, deberá ser regularizado sin menoscabo de sus prestaciones vigentes en la función que se encontraba desempeñando”, señala el acuerdo firmado por Miranda Nava.
En febrero, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero obtuvo dos minutas de acuerdos y compromisos por parte de la Segob y el gobierno de esa entidad. En el documento firmado firmado en la ciudad de Acapulco el 11 de febrero, mientras en la Ciudad de México se llevaba a cabo una movilización de tres días, los gobiernos federal y estatal,
“Garantizan el reconocimiento de todas las claves federales y estatales según correspondan; así como el pago oportuno en tiempo y forma a todos los trabajadores del servicio educativo” y también de todo el personal de apoyo y asistencia a la educación básica.
En la última reunión del 18 de marzo, el gobierno de Guerrero se compromete a obtener recursos adicionales autorizados por el Congreso de Guerrero para resolver “la conciliación de la nómina de los trabajadores de la educación a efecto de que sean incorporados al techo presupuestal del fondo de aportaciones para la nómina educativa y gastos operativos (Fone)”.
Aumento salarial de 6.2% y bono de 2 mil 600 a maestros
Los maestros de educación primaria recibirán un incremento salarial de 6.2%, retroactivo al 1 de enero, así como un bono de dos mil 600 pesos, como parte de las negociaciones entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
El aumento para este año -similar al 6.24% obtenido en la negociación de 2014- se compone del incremento de 3.4% al sueldo tabular, 2.2% en prestaciones genéricas y 0.60% para el fortalecimiento al salario.
Además del incremento al salario, el sindicato y la SEP acordaron incrementar en 600 pesos el importe de la Compensación Nacional Única, la cual fue parte de los beneficios que obtuvo el SNTE en la negociación de 2014, cuando se estableció en dos mil pesos para cada maestro.
Para el personal de apoyo y asistencia a la educación el sindicato y la SEP acordaron un incremento de 3.4% al sueldo tabular, de 1.9% en prestaciones genéricas y 0.45% para el fortalecimiento al salario. Esto además de un bono por dos mil 210 pesos para cada trabajador y 80 millones de pesos que serán asignados para el fortalecimiento del Sistema de Desarrollo Profesional de Carrera.
Para el personal docente y no docente, así como de apoyo en la educación media y superior se estableció un aumento de 3.4% al sueldo tabular, de 2.2% en prestaciones genéricas y 85 millones para el fortalecimiento del Sistema de Desarrollo Profesional de Carrera, entre otros beneficios. (24Horas)