Señalaron la presencia de plaguicidas en ese recurso natural a consecuencia de actividades de la agricultura industrial
Ciudad de México, Mex, 4 de mayo de 2017.- Pueblos y organizaciones civiles de diversas partes de México sostuvieron una reunión con el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho Humano al Agua Potable y el Saneamiento, Léo Heller, en la cual denunciaron la contaminación de dicho recurso natural con plaguicidas usados por en la agricultura industrial.
El integrante del Consejo Maya de los Chenes, Gustavo Huchín y el abogado Jorge Fernández Mendiburu del grupo Indignación, asistieron a la ciudad de México para hablar sobre la situación actual y los problemas ambientales que trae consigo la contaminación del agua que afecta al municipio de Hopelchén, Campeche y en general a la Península de Yucatán.
Entre la información presentada al relator del Agua de la ONU se encuentran estudios científicos realizados por el Instituto de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo de México (EPOMEX) con respecto a la presencia de plaguicidas en agua del subsuelo, agua purificada, así como en la presencia del herbicida glifosato en orina de hombres y mujeres mayas.
Cabe mencionar que el trabajo del relator se centra en recopilar información y testimonios con el fin de evaluar el cumplimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento que incluyen la disponibilidad, la accesibilidad, la asequibilidad, el acceso a la información y la calidad del agua para su uso personal y doméstico.
En su intervención en el evento, Gustavo Huchín habló sobre la contaminación originada por la implementación del modelo de agricultura industrial y con especial énfasis en la siembra de soya transgénica en la región.
“Nuestra preocupación más grande es por la contaminación del agua por el glifosato y otros agrotóxicos, por la implementación de la siembra de soya transgénica a nivel comercial e industrial se ha alargado mucho la sequía en nuestro municipio por la deforestación y por esta razón los lugareños hemos perdido muchas colonias de abejas e inclusive no hemos levantado cosechas», refirió Gustavo Huchim.
También agregó que los estanques naturales de agua como lagunas y otras zonas bajas inundables para la captación de agua han ido despareciendo por la implementación de pozos de absorción para evitar que se inunden terrenos bajos y esto propicia la contaminación del agua de lo profundo con plaguicidas utilizados para la agricultura industrial.
Jorge Fernández Mendiburu, asesor legal del Consejo Maya de los Chenes e integrante de Indignación, sostuvo que existe omisión generalizada en todo el país por parte de las autoridades que deberían de ocuparse de garantizar el derecho del acceso al agua y que está sea limpia y no contaminada, refiriéndose a la dependencia federal de CONAGUA, “Eso le da insumos al relator para que en su momento haga recomendaciones fuertes sobre las omisiones que tienen las dependencias federales”, el abogado agregó que esperan que el informe contenga una exigencia para que el Estado mexicano aplique medidas más estrictas.
Por su parte, la abogada de Greenpeace. María Colín, agregó “Debe haber voluntad política por parte de instituciones como la COFEPRIS en la regulación de las sustancias que se utilizan en el país, SAGARPA quien otorga apoyos orientados a fortalecer el modelo de agricultura industrial; y SEMARNAT que no ha monitoreado el impacto en el medio ambiente por el uso de estas sustancias
Además, señlaó que es urgente que haya políticas públicas intersectoriales dirigidas a eliminar en primer instancia el uso de los plaguicidas altamente peligrosos (PAP), que han sido prohibidos en otros países por sus altos niveles de toxicidad, y se haga un plan de reducción y prohibición creciente del uso de agrotóxicos en México en aras de transitar hacia prácticas ecológicas.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, señaló que “la denuncia de la contaminación del acuífero de Hopelchén por presencia de plaguicida no sólo viola el derecho humano al agua y a la salud de las comunidades indígenas mayas, sino que pone en riesgo la salud y la vida de todos los habitantes de la península de Yucatán, ya que el acuífero de la Península es uno sólo e interconectado. En ese sentido, el Estado mexicano tiene la obligación de proteger el derecho humano al agua adoptando medidas para frenar la contaminación, sancionar los responsables y reparar el daño ambiental”.