20 cabildos han rechazado la iniciativa aprobada por el Congreso del Estado.
Mérida, Yucatán, 14 de mayo de 2019.— Veinte municipios de Yucatán han rechazado —hasta el momento— la revocación de mandato, iniciativa aprobada en el Congreso del Estado en el pasado mes de febrero.
Como se recordará, la revocación de mandato o referéndum revocatorio es un procedimiento por el cual los ciudadanos pueden cesar de su cargo público a un funcionario electo democráticamente, y entrará en funciones a partir del año 2021.
Sin embargo, para hacer realidad este proyecto, se requiere que la mayoría de los municipios aprueben la iniciativa. Al día de hoy, 44 ayuntamientos que han votado, 20 lo han hecho en contra.
Los municipios que se oponen a la revocación de mandato son:
Chicxulub Pueblo, Panabá, Celestún, Tahmek, Homún, Oxkutzcab, Tecoh, Buctzotz, Sinanché, Uayma, Temas, Abalá, Tekax, Opichén, Chocholá, Espita, Chumayel, Dzan, Suma de Hidalgo, Quintana Roo.
Los cabildos que la han aprobado:
Dzitas, Tetiz, Tixméhuac, Ticul, Timucuy, Hocaba, Bokobá, Tekom, Cansahcab, Mama, Mocochá, Maní, Muxupip, Temozón, Cuzamá, Teabo, Motul, Akil, Ucú, Tzucacab, Valladolid, Rio Lagartos, Sotuta, Tepakán.
Cabe recordar que, por unanimidad, la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado aprobó la reforma a la Constitución Política de Yucatán para que se incluya en los Mecanismos de Participación Ciudadana la revocación de mandato por la vía del voto.
El método de revocación será a través de un plebiscito, referéndum o iniciativa popular, y aplicaría tanto para el gobernador, alcaldes y regidores.
Cabe destacar que el actual ejecutivo estatal, Mauricio Vila Dosal, no podría ser revocado, debido a que la ley no es retroactiva, y en tal caso entraría en vigor hasta el 2024, es decir, hasta la siguiente administración estatal.
La diputada de Movimiento Ciudadano Silvia López Escoffié, quien promovió la iniciativa, lamentó que algunos ayuntamiento no “la vean con buenos ojos”, ya que según ella, en caso de aprobarse se estaría combatiendo “de fondo la corrupción”.
“Demos cambiar el modelo político y aceptar que el pueblo quita y el pueblo pone. Es decir, si un alcalde, diputado o gobernador no hace bien su trabajo, la ciudadanía podía decidir si continúa o no en el cargo”, puntualizó la legisladora local.
El dictamen indica que la ley establecerá el porcentaje de ciudadanos que deberán solicitar la revocación de mandato, así como el porcentaje de votación ciudadana que se requiere para que dicha consulta adquiera fuerza vinculante y por tanto obligatoria, tomando como base el listado nominal de la elección que corresponda; además, los requisitos, procedimientos y demás regulación en la materia se establecerán en la ley reglamentaria.
Aunque aún faltan 66 cabildos en votar, en caso de aprobarse, el decreto entraría en vigor y sería aplicable para los presidentes municipales, regidores y síndicos, así como para diputados locales, a partir del primero de septiembre de 2021, siempre y cuando no hayan sido reelectos; en el caso del gobernador de Yucatán, será aplicable hasta el primero de octubre de 2024.
Javier Escalante Rosado.