Sustituirá en el cargo a Marco Vela Reyes, quien busca la candidatura del PRI por la diputación del XII distrito local.
México, Distrito Federal, 5 de febrero de 2015.- Alberto Escamilla Cerón rindió protesta como diputado federal del V Distrito de Yucatán, con lo que se incorpora a los trabajos de la LXII Legislatura Federal.
El nuevo integrante de la Cámara Baja sustituye a Marco Vela Reyes a quien se le aprobó una licencia para separarse del cargo a fin de participar en el proceso interno del PRI como precandidato a diputado local por el XII Distrito.
Escamilla Cerón señaló que asume la responsabilidad con el compromiso de contribuir en el trabajo coordinado que han venido realizando los integrantes de la bancada yucateca que forman parte del Grupo Parlamentario del PRI.
Afirmó que la agenda legislativa que promueve su partido para el actual periodo ordinario de sesiones busca fortalecer el marco jurídico en materia de transparencia, seguridad pública y desarrollo económico.
“Me integro a una Legislatura que ha trabajado intensamente en reformas que tienen como objetivo transformar a México” expresó.
Durante la sesión de la Cámara de Diputados se aprobó, con mayoría calificada, un dictamen con reformas constitucionales en materia de disciplina financiera de entidades federativas, municipios y Distrito Federal, a fin de regular su endeudamiento, y se turnó al Senado de la República para su análisis.
Las reformas avaladas tienen el propósito de establecer en la Carta Magna que “el Estado debe velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero”, a fin de coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo.
Otorga al Poder Legislativo federal la facultad de expedir la ley general relativa a las normas de endeudamiento de los estados, los municipios y el Distrito Federal.
Con las reformas se instituye la creación de una Comisión Legislativa Bicameral, la cual estará encargada de analizar la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados, planteada en los convenios que se pretendan celebrar con el gobierno federal para obtener garantías y, en su caso, emitir observaciones.
Dichas consideraciones, se realizarán en un plazo máximo de 15 días hábiles, inclusive durante los períodos de receso del Congreso de la Unión, y aplicarán en el caso de los estados que tengan niveles elevados de deuda.
Faculta al Congreso de la Unión a establecer un “sistema de alertas” sobre manejo de la deuda, así como las sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan con las disposiciones; dichas leyes deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados.
En el artículo 116 se precisa que las legislaturas de los estados contarán con entidades de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercido de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones.