Duro golpe para los conocidos y destacados abogados del PAN, Jorge Carlos Estrada Avilés y Armando Villarreal Guerra, el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del afamado caso de las luminarias en Mérida, cuyo contrato fue adquirido por el Ayuntamiento priista de Angélica Araujo Lara y que rompió abruptamente el entonces alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha.
Independientemente de que el convenio suscrito por la comuna priista fuera irregular o ineficiente por la cuestión de la calidad de las lámparas, el hecho es que jurídica y legalmente el contrato que se había suscrito de manera institucional, no debió -en términos estrictamente legales- suspenderse sin negociación u acuerdo legal de por medio.
Los abogados, Estrada Avilés -esposo por cierto de la actual Secretaria del Ayuntamiento de Mérida, María Fritz Sierra- y Villarreal Guerra, no ganaron la batalla jurídica ante el máximo órgano judicial, la SCJN y por tanto, la comuna actual en manos de Mauricio Vila Dosal, deberá ver como saldar el millonario adeudo al banco Santander de poco más de 300 millones de pesos, aparte de los consabidos intereses.
Independientemente de que estén o no de acuerdo los del PAN con el fallo de la SCJN es de entender y suponer que el máximo órgano de justicia del país actuó en función de los documentos y pruebas que debió presentar la comuna meridana, representada por los citados abogados.
El fallo fue conforme a lo que ellos mismos plantearon, por lo que aunque no les agrade, la cruda realidad es que a la pareja de abogados panistas es a la que en todo caso, los mismos promotores deberían preguntarles el porqué no lograron su cometido. Más que nada, porque ambos, Estrada Avilés y Villarreal Guerra, son los hombres que saben y conocen de leyes y sus consecuencias. (desdeelbalcon.com)