CODHEY responde: no hubo elementos para asegurar que se cometió el delito en contra del niño
Mérida, Yucatán, 26 de junio de 2017.- La Asociación Estatal de Padres de Familia (AEPAF) denunció que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CODHEY) no ha actuado correctamente ante un caso de “tortura” que supuestamente sufrió un alumno de 7 años en la escuela primaria “Alfonso Urueta Carrillo” por parte de la directora y tres maestras del plantel.
La presidenta de esta agrupación, Paula Lira Moguel lamentó que a cuatro meses de que se interpuso la queja ante la CODHEY, ésta no ha tomado cartas en el asunto ni ha interpuesto la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
“Acudimos a esta Comisión para que la Fiscalía no le diera carpetazo, pero ha ocurrido todo lo contrario, porque no hemos obtenido respuesta”, señaló en rueda de prensa.
Por su parte, la madre del niño, de nombre María del Pilar Castillo Arias, quien es presidenta de la mesa directiva de los padres de familia en esa escuela, relató que el problema comenzó cuando se negó a entregarle 10 mil pesos a la directora del plantel del dinero que habían recaudado en actividades.
A manera de represalia, según dijo, en febrero pasado torturó al menor –junto con otras tres profesoras- grabándolo en video con un teléfono celular, obligándolo a que declarara cosas sobre su madre, como que “odia a la directora y por eso la va a demandar”.
“Lo grabaron en su propio salón, hicieron que diga todo lo que querían escuchar, le pusieron palabras en su boca, y luego a la hora del recreo le ponían la grabación en el oído hasta lastimarlo”, señaló la mujer, quien dijo que tuvo que llevar a su hijo al psicólogo porque entró en shock.
Lira Moguel sostuvo que la CODHEY no hizo nada a favor de la víctima, y que por el contrario, “le pasó información de la queja” a la Secretaría Estatal de Educación (SEGEY) para que la directora acusada contara con información para demandar civilmente a la madre del menor.
De hecho, Castillo Arias aseguró que ya recibió la demanda por daño moral, y que la directora del plantel le está exigiendo 5 millones de pesos como reparación, por lo que considera que se trata de una intimidación.
Sobre este caso en particular, la CODHEY informó que se realizaron las indagaciones correspondientes –e incluso se entrevistaron con niños del plantel, previa autorización de sus padres- y no encontraron elementos de que haya ocurrido ese delito.
En entrevista, el ombudsman José Enrique Goff Ailloud negó que este instituto esté coludido con la SEGEY para proteger a maestros o directores de escuelas que violenten los derechos humanos de los menores.
Dijo que la CODHEY sí interpone denuncias penales ante la Fiscalía cuando detectan presuntos hechos delictivos durante sus investigaciones sobre posibles violaciones a derechos humanos. Este año, agregó, han presentado 25.
Eso sí, aclaró que no ha encontrado indicios de que hayan ocurridos delitos en escuelas sobre casos presentados por la AEPAF. (Herbeth Escalante)