Pese a un amparo, la Procuraduría mantiene el proceso de ambos circos por cuestiones de protección a la vida silvestre
Tulum, Q. Roo, 12 de enero de 2017.- Pese a un amparo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) mantiene el procedimiento iniciado en octubre de 2016 contra el “American Circus”, en Tulum, por utilizar animales silvestres y no contar con la documentación para su posesión.
En un comunicado, la procuraduría informó que el propietario del circo presentó un amparo otorgado por un juez federal respecto a la reforma al Artículo 78 de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), lo que le permite al circo de los “Hermanos Canto” o “American Circus” el uso de animales silvestre durante sus espectáculos, de acuerdo con la agencia Notimex.
Sin embargo, el amparo “no le exime de cumplir con sus obligaciones de contar con la documentación que ampare la legal procedencia de los ejemplares de vida silvestre en su poder, ni el incurrir en faltas al trato digno y respetuoso de los mismos”.
Señaló que la empresa cuenta con registro ante la Semarnat como Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre de Manera Confinada fuera de su hábitat Natural (PIMVS), con clave INE/CITES/DGVS-CIRCO-0050-TAMPS/98.
La Profepa recordó que en la inspección hecha en octubre se aseguraron de manera precautoria siete ejemplares de vida silvestre, de los que no se acreditó su legal procedencia y detectar “evidentes faltas al trato digno y respetuoso”.
Las especies fueron puestos “bajo resguardo y en calidad de depositaria del espectáculo ambulante, hasta en tanto se resuelva la situación jurídica”, señaló.
Mientras que organizaciones civiles de protección y bienestar animal de Playa del Carmen alertaron a las autoridades del Ayuntamiento de Solidaridad, sobre la posible llegada del circo a la ciudad.
“El circo está de manera ilegal en Quintana Roo, el amparo que tienen es a nivel federal y no estatal. Para poder estar en cualquier municipio de la entidad necesita un amparo estatal. Ya se está avisando a las personas encargadas para que no los dejen instalarse en ningún lugar. Los presidentes municipales deben de negar la entrada a sus correspondientes municipios”, enfatizó Jessica González, activista de Playa del Carmen.