El consejero jurídico, Jorge Esquivel, señaló que no se puede fingir que estos actos de corrupción no suceden.
Mérida, Yucatán, 02 de noviembre de 2016.- El cobro de moches es un acto de corrupción frecuente, una mala costumbre y una práctica común, declaró Jorge Esquivel Millet, consejero jurídico del Gobierno del Estado, quien recalcó que con el Paquete de Leyes Anticorrupción buscarán combatirlo y castigarlo en Yucatán.
Lamentó que ese cobro que le hacen funcionarios a empresas particulares para la adjudicación de obras “es una práctica común”, que debe irse acabando, “porque le cuesta mucho a la ciudadanía y al gobierno”.
Dijo que “es un tema difícil y complicado” pero real, y señaló que no se puede hacer a un lado la vista fingiendo que estas situaciones no suceden.
Como estrategia para atacarlo, señaló que lo más importante es saber “dónde estamos parados”, realizar un análisis constructivo y oír a la ciudadanía, mejorando las leyes para combatir la corrupción.
“Si hace falta mejorar, reformar la ley, que es lo que se busca ahora en el paquete anticorrupción, pues también para eso estamos”, afirmó Esquivel Millet.
Enfatizó en la importancia de atacar pronto el asunto, pues el monto efectivo que se gasta en este acto de corrupción es “exageradísimo”, y que le cuesta “muchísimo” a la sociedad y al gobierno, “porque seguramente ese dinero que se paga es para que algún particular reciba un beneficio”.
Sostuvo que es prioritario que la ciudadanía tenga la tranquilidad de que los recursos públicos se utilicen correctamente, y que el tema de los moches deje de existir.
Sobre cómo va el análisis del Paquete Anticorrupción, dio a conocer que “ya se está trabajando”, que deben hacer una adecuación a la ley general, y que tienen un año para finalizar, pero que eso no implica que lo vayan a dejar hasta el final.
En este momento, según comentó, se encuentran haciendo un calendario para poder trabajar dándole un tiempo justo que requiere cada una de las siete leyes anticorrupción. Con primordial atención en la trasparencia y en el castigo de quien sea culpable del delito, sea un funcionario público o el mismo empresario. (Edoardo Manzanilla)