La Comisión Nacional de Derechos Humanos ofrece nuevos escenarios para la desaparición y exige ampliar la investigación sobre el papel del Ejército
Ciudad de México, 15 de abril de 2016.- La hoguera en la que México arde desde la noche del 26 de septiembre de 2014 está destinada a no apagarse nunca. La reconstrucción del secuestro y muerte de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa aún ofrece zonas ciegas y continuamente tropieza con sorprendentes bifurcaciones. La última puerta la abrió, gracias a un testigo protegido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En una inesperada vuelta de tuerca, el presidente de este organismo público reveló una línea de investigación que implica en la matanza a la Policía Federal, pide revisar el papel del Ejército, ofrece nuevas escenarios para las desapariciones y aporta un tenebroso e inédito personaje a la trama: un líder criminal llamado El Patrón.
El caso Iguala se ha vuelto un inagotable frente de desgaste para el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Hasta ahora, la investigación sobre la hoguera del basurero de Cocula en que supuestamente ardieron los normalistas había consumido gran parte de este esfuerzo. Las dudas llevaron a un estruendoso choque entre el Ejecutivo y los expertos de la Organización de Estados Americanos enviados para ayudar en las pesquisas. Pero mientras todas las miradas han estado concentradas en este enfrentamiento, que finalmente parece haberse decantado a favor de las tesis gubernamentales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha avanzado por otros derroteros.
Sus investigaciones parten de un testigo presencial que no participó en los hechos. Su relato, según la comisión, ha sido corroborado por “diversas pruebas” y se limita a uno de los tres autobuses implicados en la tragedia: el Estrella de Oro 1531. Un transporte que la Policía Municipal de Iguala, embarcada aquella noche en una feroz persecución de los normalistas, obligó a detenerse junto al Puente del Chipote. Dentro iban de 15 a 20 estudiantes, entre ellos Alexander Venancio Mora, la única víctima cuyos restos han sido identificados hasta la fecha. Conocedores de su violencia, los normalistas evitaron bajar. Pero la fuerza pudo más. A golpes y con gases lacrimógenos fueron sometidos.
Hasta ahí, el relato ofrece pocas variaciones sobre lo ya sabido. Pero el testigo sostiene que los policías pidieron entonces apoyo a los agentes de la localidad de Huitzuco (16.000 habitantes). Vinieron tres patrullas. Y cuando estaban metiendo a los normalistas en los coches, llegaron dos más de la Policía Federal, una fuerza que depende del Gobierno central. Se inició entonces una macabra discusión. ¿Qué hacer con los estudiantes? “Por consenso”, según el relato de la comisión, decidieron llevarles hasta Huitzuco ante un extraño personaje llamado El Patrón, posiblementeun cabecilla del sanguinario cártel de Guerreros Unidos. Él tenía que decidir sobre su destino. Luego, les subieron a las patrullas. Fue la última vez que se les vio con vida.
Esta versión ofrece un ángulo inédito de la noche de Iguala. Y por ello mismo viene cargada de dinamita. ¿Cómo es posible que hasta la fecha no se hayan conocido estos detalles? ¿Ni que Huitzuco haya sido mencionada en ninguna reconstrucción? La misma CNDH sostiene que sus pesquisas han sido obstaculizadas y que las empresas que deberían haber informado ocultaron los hechos a la fiscalía y encubrieron a los criminales.
Pero la onda expansiva va mucho más allá de una nueva fisura en la “verdad histórica”como denominó a su versión el anterior procurador general. Las implicaciones de esta reconstrucción, aunque no sean incompatibles con la hipótesis oficial del asesinato y quema en el basurero de Cocula, amenazan con abrir una nueva crisis de confianza. La presunta participación de la Policía Federal no sólo pone en entredicho a este cuerpo, sino a sus superiores políticos. Tras un año y medio de investigaciones, es difícil entender cómo no se llegó antes a determinar la participación de dos simples agentes. Y en el mismo brete queda el Ejército. Cómo recuerda la Comisión Nacional de Derechos Humanos, está demostrado que al menos un militar acudió esa noche al Puente del Chipote, presenció el enfrentamiento con los agentes y tomó cuatro fotografías. ¿Por qué no hicieron nada?
Con la policía federal y el ejercito involucrados, la hoguera ha vuelto a prender. La Procuraduría General de la República se apresuró a asegurar que investigará hasta el último detalle y que el testigo está protegido. Pero, como ya es una constante con el caso Iguala, la combinación de corrupción y muerte ha vuelto a despertar el escepticismo y a confrontar a México con sus peores espectros. “Lo sucedido a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa constituye la más cruda expresión del horror y del enorme poder corruptor que pueden lograr las organizaciones criminales en nuestro país”, afirmó el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez. La hoguera, hasta nuevo aviso, sigue ardiendo. (El país)