Los magistrados emitirán una sentencia única, pero todavía no hay nueva fecha para la discusión entre Monsanto y los grupos indígenas.
Mérida, Yucatán, 28 de octubre del 2015.- Los magistrados de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidieron suspender la discusión sobre el tema de la siembra de la soya transgénica en la Península de Yucatán, por lo que no emitieron un fallo al respecto.
Como informamos, este miércoles se esperaba una resolución por parte de la SCJN, luego que la empresa transnacional Monsanto –junto con el Ministerio Público de la Federación y la SENASICA- interpuso recursos de revisión, con la intención de revocar amparos que ganaron grupos indígenas, y de esta manera puedan sembrar soya genéticamente modificada en la Península, Chiapas y la planicie Huasteca.
Será hasta el próximo viernes 30 de octubre cuando los magistrados Fernando Franco González, Margarita Luna Ramos, Eduardo Medina Mora y dos más, decidan la fecha en donde emitirán su fallo sobre este controversial caso.
Lo interesante, es que los magistrados de la Segunda Sala emitirán un fallo único para todos los casos, es decir, sobre el debate de los siete amparos de los grupos reclamantes que están en disputa legal contra Monsanto.
Al término de la sesión, el abogado defensor del grupo de apicultores de Yucatán “MA OGM Colectivo Sin Transgénicos”, Jorge Fernández Mendiburu, dijo que es una buena señal que este conflicto se vaya discutir en un sólo proyecto.
Sin embargo, señaló que se trataría de un desgaste para los apicultores y grupos indígenas, que tendrían que viajar nuevamente de sus comunidades a la sede de la Suprema Corte en la capital del país para conocer el veredicto final.
“Lo interesante es que la SCJN hará una reflexión de manera profunda sobre el expediente y las pruebas que se han presentado, y a la larga los llevará a emitir una sentencia contundente y clara sobre los dos temas que se están reclamando: la violación a los derechos de los pueblos indígenas y el tema de violación al principio precautorio del derecho a un medio ambiente sano”, explicó.
Fernández Mendiburu recordó que –en el caso de los grupos mayas de Yucatán y Campeche- no se realizaron consultas públicas para que los pobladores sepan las consecuencias de que se cultive soya transgénica en sus localidades.
Además, precisó que sí existen riesgos ambientales y de salud para los pobladores si se permite que Monsanto continúe con esta actividad.
Como se recordará, la Sagarpa otorgó permisos a esta empresa para que siembre, en fase comercial, 253 mil hectáreas de soya modificada genéticamente en los estados del sureste del país. Sin embargo, grupos mayas de apicultores han ganado amparos para suspender dichos cultivos.
Por tal razón, Monsanto llegó a la última instancia ante la SCJN, pero una vez más se suspendió la discusión sobre si fueron constitucionales o no estos permisos otorgados.
El propio secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Yucatán, Eduardo Batllori Sampedro, declaró que esperan congruencia en la decisión de los magistrados, y que su fallo sea favorable para las comunidades mayas, debido al peligro que representaría la siembra de dicho producto.
Recordó que cultivar soya transgénica sería prejudicial en las zonas donde hay fenómenos recurrentes de huracanes, porque no hay protocolos de biodiversidad en ese sentido; además, el glifosato –agrotóxico que se utiliza en estos cultivos- es considerado como cancerígeno, y habría daños a organismos como las abejas y su miel.
También argumentó que el uso de dicha soya no repercutiría a la productividad, ni habría ahorros sustantivos o beneficios económicos netos para las comunidades. (Herbeth Escalante y Héctor Ortiz; foto de Robín Canul)