El contralor Miguel Fernández Vargas indicó que los funcionarios estatales que cometan delitos electorales podrían ser castigados con cárcel.
Mérida, Yuc. 20 de marzo de 2015.- El secretario de la Contraloría General, Miguel Fernández Vargas, declaró que habrá mano dura en contra de cualquier funcionario del Gobierno Estatal al que se le descubra desviando recursos públicos a las campañas electorales.
Sin embargo, aclaró que están tomando “todas las medidas que indica la ley” para tener cuidado y evitar este tipo de delitos ahora que se acerca el proceso electoral en Yucatán.
“Trabajamos conjuntamente con la Consejería Jurídica y la Secretaría General de Gobierno en ese sentido, para que todos los trabajadores entiendan lo que se tiene qué hacer, cumplir con lo que ordena estrictamente la ley”, señaló.
Fernández Vargas recalcó que su trabajo es vigilar que no se permitan desvíos de recursos, “pero no sólo en tiempos de campañas, lo hacemos todos los días”.
Aclaró que si cuentan con todas las pruebas correspondientes, la Contraloría no dudará en aplicar mano dura en contra de los funcionarios que cometan dichas ilegalidades, pues incluso podrían ser castigados con prisión.
“Para generar un castigo a alguien, de acuerdo a la ley general de Responsabilidades de los Servidores Públicos, tiene que haber expedientes perfectamente determinados para proceder”, aclaró, al retirar que estarán vigilando que esos delitos no ocurran.
Recordó que las sanciones pueden ser desde amonestaciones públicas o privadas, hasta pérdida del empleo e incluso cárcel, según marca la nueva ley Electoral, dependiendo de la violación.
El contralor agregó que en estas épocas previas a las elecciones, implementan mecanismos internos en todas las dependencias estatales, con instrucciones “precisas y necesarias” para que los empleados gubernamentales no incurran en estas situaciones.
Eso sí, aclaró que las auditorias se llevan a cabo de manera posterior a los hechos, por lo que si reciben quejas sobre supuestos delitos electorales, se realizarán las investigaciones correspondientes para corroborar si hubo un ilícito o no.
“Pero antes que nada se les remarca a los funcionarios, a través de notificaciones y correos internos, sobre las actitudes y acciones que tienen que tomar para respetar la ley”, declaró.
Sobre el silencio electoral que debe imperar durante los tiempos de campaña, precisó que hay una “consciencia integral” en el gobierno del Estado para cumplir ese aspecto, por lo que a partir del 5 de abril, no anunciarán programas gubernamentales ni obras realizadas, cuidarán los eventos oficiales y la información que se difunda entre la ciudadanía. (Herbeth Escalante)