La mandataria chilena hace alusión al escándalo que enfrenta su hijo, Sebastián Dávalos, por presunto tráfico de influencias.
SANTIAGO, 8 de marzo de 2015.– La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, se comprometió a impulsar un nueva regulación entre la política y los negocios «afecte a quien afecte», en alusión a un caso de corrupción que involucra a su hijo.
«Me voy a hacer cargo», respondió la mandataria anoche en Viña del Mar, al ser preguntada por el llamado ‘caso Caval’, un negocio inmobiliario que reportó una millonaria ganancia a su hijo, Sebastián Dávalos y a la esposa de éste, Natalia Compagnon.
Al término de una reunión con el gabinete ministerial que se prolongó todo el día, Bachelet prometió que su gobierno tomará «todas las medidas» para garantizar el respeto a las normas éticas y la legislación.
«Creo que nuestros ciudadanos hoy día exigen un estándar ético mucho más elevado y yo como presidenta me voy a hacer cargo, porque el país conoce mi conducta de vida», subrayó.
«Por eso nosotros vamos a tomar todas las medidas para que, afecte a quien afecte y pase lo que pase, nuestro país pueda tener la confianza de que se van a respetar las prácticas éticas, legales y administrativas correspondientes, para que el país pueda confiar en sus instituciones», añadió.
Caval, una pequeña empresa en cuya propiedad participa Natalia Compagnon, la esposa de Dávalos, obtuvo con intervención de este un préstamo del Banco de Chile por el equivalente de unos 10.4 millones de dólares para comprar unos terrenos que tiempo después vendieron con una ganancia de 4.8 millones de dólares (4.4 millones de euros).
En la concesión del préstamo, gestionado en noviembre de 2013, cuando Bachelet ganó las elecciones presidenciales, participó Andrónico Luksic, vicepresidente del Banco, cuya propiedad está controlada por su familia.
El caso es investigado por eventuales delitos de uso de información privilegiada y tráfico de influencias y su repercusión ha golpeado duramente la popularidad de Michelle Bachelet, mientras Dávalos debió renunciar a su cargo de director sociocultural del gobierno.
Bachelet también fue preguntada por la prisión preventiva que un juez ordenó este sábado contra seis de diez imputados por fraude al fisco relacionado con el grupo financiero Penta, que involucra a los dueños del mismo, a altos ejecutivos y a políticos de la derecha opositora.
Penta es un banco de inversión que maneja activos por más de 20 mil millones de dólares y los imputados están acusados de delitos tributarios, cohecho, sobornos y otros delitos, mientras una arista política, referida a la financiación ilegal de campañas electorales, ha comenzado también a ser investigada por la Fiscalía.
La prisión de los implicados, determinada por el juez Juan Manuel Escobar, demuestra que en Chile las instituciones funcionan, dijo Bachelet, aunque matizó: «no me corresponde pronunciarme, como otro poder del Estado, sobre un dictamen de la justicia».
«En Chile el poder judicial es autónomo y nosotros respetamos eso», añadió.
El Gobierno anunció la creación de una comisión asesora presidencial que se encargará de diseñar un nuevo marco regulador de las relaciones entre la política y los negocios, cuya conformación y funciones precisas dará a conocer la próxima semana.
«El desafío que tenemos como país consiste en elevar de manera sustantiva el marco regulatorio de lo público y lo privado y crear una institucionalidad que sea más eficaz», dijo al hacer el anuncio el portavoz de La Moneda, Álvaro Elizalde.