Efectividad de este derecho dependen otros como los de salud, educación, trabajo y hasta el de vida, señaló la senadora yucateca Angélica Araujo.
Panamá, 27 de septiembre de 2014.– Ante el Parlamento Latinoamericano, Angélica Araujo Lara expuso qué a más de medio siglo del reconocimiento internacional del derecho a la vivienda en la región hay una carencia absoluta de 28 millones de hogares a los que se suman 26 millones de casas inadecuadas.
Quién fuera directora del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, expuso ante sus homólogos latinoamericanos la urgente necesidad de garantizar el derecho humano a una vivienda adecuada, ya que de la efectividad de este derecho dependen otros como los de salud, educación, trabajo y hasta el de vida.
En la ciudad de Panamá comenzó este viernes la XXII Reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional del Parlamento Latinoamericano con una amplia agenda de trabajo que incluye la segunda discusión del documento base “Las relaciones económico-financieras entre América Latina y el Caribe y la República Popular China”, la agresión de los fondos buitres y el documento sobre el derecho humano a la vivienda de la senadora yucateca.
En el foro, la integrante de la comisión de vivienda en el Senado Mexicano, llamó a los parlamentarios de América Latina a sentar las bases legislativas para atender el rezago existente de casas adecuadas, al que se añade de manera constante la demanda regular de espacios habitacionales para nuevos hogares, cuyo volumen es difícil de calcular con exactitud para el conjunto de la región, pero que previsiblemente alcanzará los 50 millones de viviendas en los próximos 20 años.
– Propongo a este Parlamento Latinoamericano iniciar un proceso de análisis y debate que lleve a la aprobación de un instrumento jurídico modelo que garantice, en tiempos o momentos funcionales previsibles, el ejercicio del derecho a una vivienda adecuada a cada uno de los habitantes de nuestros países- exhortó la senadora.
La tarea pendiente en el Parlatino, es sentar una base fundamental para la implementación de políticas públicas de largo alcance funcional y temporal, cristalizarlo en normas jurídicas. En el caso de la vivienda, éstas deben incluir características de adaptabilidad a condiciones sociales y económicas variable en el tiempo y en el espacio, incluso dentro de cada país.