El magistrado César Antuña Aguilar aconseja a los alcaldes que tomen convenios con los ex trabajadores que demandan.
Mérida, Yucatán, 20 de enero de 2014.- El presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, César Andrés Antuña Aguilar, declaró que para este año 2014 existen varios procedimientos de dictamen en su etapa de ejecución que ponen en riesgo a 20 municipios de ser embargados, debido a viejas demandas de despidos injustificados de ex empleados municipales.
“Si no cumplen con los laudos dictados o no llegan a un convenio con los trabajadores, es muy probable que se sometan a embargarlos”, señaló el magistrado, quien apuntó que por cuestiones de legalidad no puede informar de qué municipios se trata.
Los embargos pueden ser en cuantía o bienes inmuebles, aunque éstos últimos no son tan factibles porque son propiedad de la nación, por lo que mayormente se retienen cuentas bancarias del erario público de dichos ayuntamientos.
Antuña Aguilar dijo que tratan de convencer a los alcaldes a que lleguen a convenios de pago a largo plazo con los ex trabajadores que ganan las demandas, para no afectar severamente las cuentas del municipio.
“Los ayuntamientos no toman en cuenta en su presupuesto una partida especial para este tipo de situaciones, sólo consideran los gastos corriente y de operatividad, por eso cuando les llegan condenas fuertes no están dentro de sus posibilidad cubrir dichos pagos”, agregó.
Señaló que hay municipios pequeños que son sometidos a laudos fuertes, equivalente a veces a tres meses de su presupuesto, “y si les pagan eso a un ex empleado corren el riesgo de dejar sin servicio a toda la localidad, son situaciones graves y alarmantes”.
Además de los 20 ayuntamientos que podrían ser embargados este año, el magistrado recalcó que el 90 por cientos de los ayuntamientos yucatecos enfrentan problemas legales laborales.
«Según sus presupuestos podrían negociar la cantidad y hacer un programa de pagos con la parte trabajadora; hay casos de ayuntamientos que sí han tomado la decisión de finiquitar los asuntos, otros tienen problemas económicas para cumplir, y hay otros que dicen que no pueden pagar”, indicó.
“Cada vez que hay cambios de administración en los municipios o entidades del gobierno se vienen olas de demandas, por eso procuraremos que antes de las elecciones del 2015 se solucionen estos conflictos, para que los nuevos ayuntamientos tengan pasivos en sus cuentas y no caigan en la incertidumbre de qué pasara con esa viejas demandas”.
Un juicio promovido por ex trabajadores municipales puede tardar entre 5 o 7 años, y en muchas ocasiones, la parte laboral es la que gana este tipo de demandas. (Herbeth Escalante)
