Colectivos de la comunidad LGBTTI presentan demanda contra el Congreso del Estado que de aceptarse, dejará la puerta abierta a las bodas gays
Mérida, Yucatán, 30 de abril de 2019.- Diversos colectivos de la comunidad LGBT+, académicos y sociedad civil presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia del estado de Yucatán una demanda de acción por omisión legislativa o normativa en contra del Congreso del Estado, así como la suspensión del acto reclamado.
De ser aceptada, el Tribunal deberá instruir al Gobierno del estado para que de inmediato permita el matrimonio entre personas del mismo sexo por el tiempo que dure el juicio.
La investigadora y activista Ligia Vera Gamboa indicó que esta acción es una estrategia jurídica más para revertir el resultado de la votación del 10 de abril en el Poder Legislativo.
Manifestó que la acción legal se encuentra en la Constitución Política, así como la Ley de Justicia Constitucional del estado y tienen por objeto mantener el orden constitucional.
Señaló que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán tendrán la última palabra para reconocer los derechos de la comunidad LGBT+ en relación con el concubinato y el matrimonio, en el otro orden jurídico legal.
Por su parte, el licenciado en Derecho Diego Emilio Leyva Peralta, quien acompañó a los activistas, comentó que es muy probable que este recurso se resuelva a favor, porque lo que se está demandando es la justicia y la dignidad de todos los ciudadanos yucatecos de poder elegir libremente el proyecto de vida que quieren.
“Las garantías individuales para el cumplimiento de la Constitución yucateca se quedan cortas, por eso esta es la oportunidad de hacer valer los derechos consagrados en la fundación del estado de fundación del estado de Yucatán”, dijo.
Comentó que esperan que mañana mismo el Tribunal resuelva el caso sobre la suspensión del acto reclamado hacia el Registro Civil por la ausencia y autorización para casar a personas del mismo sexo.
Ligia Verá indicó que con este nuevo recurso pesa la resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que todas apuntan que cualquier ley estatal que establezcan que el matrimonio solo puede ser entre un hombre y una mujer es inconstitucional.
“Si se acepta la suspensión, a partir de mañana cualquier pareja ya va a poder ejercer su derecho al matrimonio en lo que se resuelve la demanda y evitar que solo fuera un derecho para las parejas que pueden pagar y ampararse”, dijo.
De no suceder así, indicó se estaría cometiendo doble discriminación, no solo por la orientación sexual, sino también por condición social, para quienes no cuentan con el dinero para casarse por no tener el dinero y acceder al amparo.
Manifestó que la acción legal se encuentra en la Constitución Política, así como la Ley de Justicia Constitucional del estado y tienen por objeto mantener el orden constitucional.
Señaló que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán tendrán la última palabra para reconocer los derechos de la comunidad LGBT+ en relación con el concubinato y el matrimonio, en el otro orden jurídico legal.
Por su parte, el licenciado en Derecho Diego Emilio Leyva Peralta, quien acompañó a los activistas, comentó que es muy probable que este recurso se resuelva a favor, porque lo que se está demandando es la justicia y la dignidad de todos los ciudadanos yucatecos de poder elegir libremente el proyecto de vida que quieren.
“Las garantías individuales para el cumplimiento de la Constitución yucateca se quedan cortas, por eso esta es la oportunidad de hacer valer los derechos consagrados en la fundación del estado de fundación del estado de Yucatán”, dijo.
Comentó que esperan que mañana mismo el Tribunal resuelva el caso sobre la suspensión del acto reclamado hacia el Registro Civil por la ausencia y autorización para casar a personas del mismo sexo.
Ligia Verá indicó que con este nuevo recurso pesa la resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que todas apuntan que cualquier ley estatal que establezcan que el matrimonio solo puede ser entre un hombre y una mujer es inconstitucional.
“Si se acepta la suspensión, a partir de mañana cualquier pareja ya va a poder ejercer su derecho al matrimonio en lo que se resuelve la demanda y evitar que solo fuera un derecho para las parejas que pueden pagar y ampararse”, dijo.
De no suceder así, indicó se estaría cometiendo doble discriminación, no solo por la orientación sexual, sino también por condición social, para quienes no cuentan con el dinero para casarse por no tener el dinero y acceder al amparo